Por Sebastián Artola (*)
El Presupuesto Participativo (PP)
puede significar una fenomenal herramienta y experiencia de democracia directa,
a través de la participación ciudadana en la determinación de las prioridades
de inversión de un municipio.
O puede ser una instancia más bien
formal, sin mucha incidencia sobre el presupuesto total, que sirve para desdibujar
la responsabilidad del Estado y la noción universal de derecho, a través de
voluntades fragmentadas que deben elegir entre distintas obras públicas elementales
que desde el vamos deberían estar garantizadas (o al menos proyectadas) por el
gobierno municipal.
En nuestra ciudad, el PP es una
de las políticas públicas que tiene buena propaganda oficial pero que en los
hechos se ha ido vaciando de contendido.
Si en el 2003, su primer año de
aplicación, representaba el 8,21% del presupuesto total, el año pasado significó el 1,56%. Mientras que
para el 2013 tiene previsto sólo 1,34% en una sistemática violación de la ordenanza
Nº 7.869/05 que establece que lo destinado al PP “deberá ser igual o mayor en
valores porcentuales a lo establecido en el año inmediato anterior”.
Por otra parte, si desde el 2003 a la actualidad el
presupuesto general creció un 1.156 %, en el mismo período el PP creció solo un
106 %. A lo que debemos sumar la subejecución de las iniciativas aprobadas,
como de manera reiterada denuncian los vecinos, donde se estima que desde el
año 2005 el 40%, o incluso un poco más, nunca llegaron a concretarse.
Es decir, la promoción de la
participación ciudadana a través de mecanismos que la hagan protagonista de las
decisiones públicas es un desafío para toda democracia que aspire a
profundizarse. Algo muy distinto a entenderla como la excusa para situar en los
ciudadanos la responsabilidad por la ausencia de derechos básicos en cada
territorio, mientras el Estado se lava las manos y mira para otro lado.
(*) Foro Rosario para Todos.