Por
Sebastián Artola*
El
informe de la ONG Techo volvió a hacer visible una realidad que venimos
planteando hace tiempo.
Rosario
es una de las ciudades con peor situación habitacional del país.
Casi
50 familias viven en asentamientos, es decir, un tercio de nuestra población.
Si
a esto sumamos el 30% de los habitantes de Rosario que alquila, cuando hace
quince años ese porcentaje era del 14%, llegamos a la conclusión de que más de
la mitad de la población tiene problemas habitacionales o, directamente,
vulnerado su derecho a la vivienda.
Entre
el CENSO del 2001 y del 2010, la demanda de vivienda en nuestra ciudad aumentó
4 veces más que la población. Mientras la población creció un 4%, la cantidad
de hogares creció el 16%.
Es
decir, la causa del deterioro de la condición en que viven y habitan los
rosarinos no tuvo que ver con las inmigraciones de los países hermanos y las migraciones
internas como alguna vez escuchamos explicar al ex gobernador Hermes Binner, sino
por el corrimiento del Estado de los barrios, el vaciamiento de las políticas
sociales y la falta de políticas de urbanización y vivienda.
Un
dato: la inversión en vivienda de la última gestión provincial no superó el 1%
del presupuesto total de la provincia de Santa Fe.
A
su vez, un aspecto que va más allá de los porcentajes: la extrema precariedad
de los asentamientos en Rosario no tiene paralelo con la de los grandes centros
urbanos del país.
En
nuestra ciudad, las construcciones no pasan de casillas levantadas sobre maderas,
cartón, chapas, nailon y, en muchos casos, con pisos de tierra; a diferencia de
los procesos que atravesaron los asentamientos de otras ciudades, donde en los
últimos años fueron pasando a formas de edificación en base a ladrillo y materiales
de construcción, e incorporando modos mínimos de urbanización.
Esta
realidad no es ajena al proyecto de ciudad y al rol del Estado municipal que
terminó por consolidarse en los últimos años, sancionando ordenanzas y códigos
urbanos que definieron un modelo de desarrollo urbano desigual y excluyente, a
gusto y parecer de la tasa de ganancia de los grandes empresarios inmobiliarios
y de la construcción.
La
sumisión del Estado local a la inversión especulativa privada en la
construcción y el mercado inmobiliario, proveniente de las rentabilidades
extraordinarias del sector agroexportador de la región y también del lavado de
dinero con origen en el narcotráfico y las economías delictivas, como dijimos
más de una vez y se ha público en las últimas semanas, es lo que explica la
paradoja de que nuestra ciudad haya sido la que más metros cuadrados construyó
en toda Sudamérica - a razón de 5.800 viviendas por año - de la mano del empeoramiento de la realidad
habitacional de la ciudad, teniendo 80 mil departamentos deshabitados y
prácticamente la misma cantidad de familias con su derecho a la vivienda vulnerado,
y con más asentamientos informales hoy que en los años ’90.
Un
nuevo rol del Estado, con políticas públicas de urbanización y promoción del acceso
a la primera vivienda, herramientas que regulen el mercado inmobiliario y el
uso de la tierra, y un modelo de desarrollo urbano fundado en el
bien común y la igualdad de oportunidades, son los pasos imprescindibles para
que la vivienda deje de ser un negocio para pocos y pase a ser, efectivamente,
un derecho que todos tenemos.
*
Rosario Para la Victoria. Autor de los proyectos de ordenanza para crear una
Defensoría Pública del Inquilino y una Tasa al Inmueble Ocioso.