"Sobre el Puerto de la Música", julio de 2010.

Por Sebastián Artola

Licenciado en Ciencia Política. Docente Facultad de Ciencia Política UNR

La discusión sobre el Puerto de la Música señala aspectos más que sugerentes para pensar el proyecto de ciudad que determina las políticas públicas de las últimas gestiones municipales.

La cuestión no pasa por plantear si las políticas sociales van primero y las culturales después. Ambas son dimensiones sustantivas y hacen a la posibilidad de construir una ciudadanía plena.

El tema a discutir es, si las mismas, son políticas públicas para todos o sólo para unos pocos.

Y la iniciativa del Puerto de la Música forma parte de ese nuevo perfil para la ciudad que delineara el Plan Estratégico Rosario de 1998, centrado en la oferta de servicios, con la intención de hacer del turismo y el comercio el eje económico más dinámico, en detrimento de la matriz productiva, portuaria y ferroviaria que había caracterizado la ciudad.

La prioridad de construir una imagen de “ciudad moderna y cultural” vendible al exterior, como si fuese una marca, significó durante todos estos años enormes gastos públicos en publicidad, y, a la vez, un profundo reordenamiento territorial y urbano que privilegió claramente el perímetro centro-norte de la ciudad en línea hacia la costa, invisibilizando a los sectores populares a través de una fuerte segmentación espacial.

Lo cierto es que la nueva mirada puesta hacia el río, terminó dando la espalda a la gran mayoría de rosarinos que aún esperan políticas que les permitan dejar de ser meros habitantes de la ciudad para constituirse en ciudadanos de la misma.

Entonces, no es casualidad que el Puerto de la Música se emplace en Pellegrini y el Río. Y menos aún en terrenos para uso portuario.

Políticas culturales que repongan la palabra e identidad de los barrios en la definición de una ciudad para todos y la recuperación del puerto como vía de salida de una economía local y regional que debe redefinirse desde una clave que promueva el valor agregado y el trabajo digno, son los verdaderos desafíos de un nuevo modelo de ciudad.

"Modelos de Ciudad", Rosario/12, 10-06-10.

OPINIÓN: Modelos de ciudad. Junio de 2010.

Por Sebastián Artola

Lic. en Ciencia Política. Profesor de la UNR

Boom de la construcción y déficit habitacional parece ser el contraste que define el tipo de crecimiento de la ciudad en los últimos años.

Con cada vez más frecuencia se suceden situaciones conflictivas en asentamientos sociales llamados “irregulares” por la presión que ejercen sobre el municipio la valorización económica de dichos predios y su correspondiente negocio, donde lo que brilla por su ausencia es una política pública de respuesta integral que contenga los intereses y necesidades de todos los actores sociales involucrados.

Esta realidad no es más que la consecuencia del modelo de ciudad, centrado en la prestación de servicios, circunscripto sobre el centro y la costa de la ciudad, en alianza con poderosos inversores privados vinculados al mercado inmobiliario y al comercio, el cual fue delineando una ciudad fragmentada en términos sociales, espaciales y simbólicos.

Más allá de los esfuerzos publicitarios, el mito de la Barcelona argentina se ha desvanecido por su propio peso al evidenciarse un proyecto de ciudad que significó fortunas para unos muy pocos, mientras la gran mayoría de los rosarinos carece de infraestructura social básica, servicios públicos dignos e integración socioeconómica.

La posibilidad de un nuevo proyecto de ciudad para todos los rosarinos debe partir de una nueva matriz productiva y urbanística. Un modelo de ciudad que promueva la industria y la economía social como motores de la integración laboral, desde un trazado urbano que supere la segregación territorial a partir de recuperar el carácter público de los espacios de la ciudad. Para lo cual es imprescindible un estado municipal activo en la defensa del interés colectivo y no sumiso a la especulación de los negociados privados.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/16-2010-06-10.html

"Bicentenario y proyectos políticos", mayo de 2010.

Por Sebastián Artola

Las interpretaciones sobre el pasado no dejan de tener alguna ligazón con las posiciones del presente. Quienes añoran la Argentina del Centenario, o casualidad, se encuentran en la vereda de las variadas expresiones que hoy reniegan del actual curso de la política argentina. Es curioso. Desde el gobernador Binner, pasando por Carrió, también Cobos, hasta la dirigencia rural y Macri, todos realzan aquella argentina gestada al calor de la generación del ochenta.
Lo cierto es que el contraste entre 2010 y 1910 no puede ser más evidente.
El centenario se celebró bajo estado de sitio, represión y en medio de una huelga general, cuando hoy no podemos dejar de estar sorprendidos por las entusiastas multitudes de compatriotas de todo el país que desbordaron la Avenida 9 de julio.
Durante el centenario regía la Ley de Residencia, sancionada en 1902, que legalizaba la expulsión del país de los extranjeros “indeseables”, y dos días después de los festejos patrios, el 27 de mayo de 1910, se sancionaba la Ley de Defensa Social que prohibía, entre otras cosas, todo acto o propaganda de ideologías discordantes a las oficiales.
Hoy los derechos humanos son política de estado y estamos dando un paso trascendental en la profundización de la democracia al redistribuir la palabra y garantizar la pluralidad de voces a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Argentina del Centenario subordinaba su economía a los intereses imperiales de Inglaterra, exportando materias primas e importándolo todo. Mientras los propietarios de los latifundios tiraban manteca al techo, entre los asalariados y pobres del interior cundía la explotación, el analbafetismo, el hacinamiento y las enfermedades, como lo denunciaba Bialet Massé en su informe sobre la clase obrera argentina de 1904.
La argentina del presente vuelve a pensarse desde la integración regional y como nación latinoamericana, sobre la base de recrear un nuevo proyecto industrial con pie en el mercado interno, lo que ha permitido la autonomía frente a los organismos financieros internacionales y la notable recuperación del empleo y la disminución de la pobreza, en tiempos donde la crisis internacional no da respiro en el llamado “primer mundo”.
La Asignación Universal por Hijo es la política social más avanzada de las últimas décadas, promoviendo la escolaridad, la sanidad y la inclusión social de los sectores más postergados de nuestra sociedad.

Acaso la imagen del Teatro Colón y la del pueblo en la calle sintetice las posibilidades y disputas que atraviesan la vida política y cultural argentina desde su mismo nacimiento.
De ahí que este bicentenario nos encuentre más frente al espejo de mayo de 1810. Es la épica patriótica, americanista e igualitarista de los que gestaron nuestro primer grito de emancipación lo que hoy debemos reponer para recrear una ciudadanía militante que forje un horizonte democrático más pleno y nos permita profundizar la construcción de una patria de todos los argentinos.

"Memoria y política", Rosario/12, 20-03-10.

Por Sebastián Artola 

A veces escuchamos un discurso que habla sobre la necesidad de dejar de tener la mirada puesta en "el pasado" para dedicarse a los "problemas del presente". Esta idea plantea una aparente disociación entre pasado y presente, o lo que es lo mismo, entre historia y política, donde cada uno de los términos no necesariamente se corresponde con el otro.
Lo que nos interesa señalar respecto a tal afirmación es que la misma no deja de contener una posición menos política que aquella que plantea la mutua implicación entre estos planos. Es decir, y haciendo uso de la definición de Arturo Jauretche referida a la historia, lo que hay son políticas de la memoria.
Una, la que venimos analizando, es la que busca construir una lectura sobre el presente, la democracia o la política sin el sustrato de la memoria histórica. Lugar que ha dominado las políticas oficiales desde las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pasando por los indultos, hasta el año 2003 y que podemos renombrar como política del olvido y de la impunidad.
La otra, en la que creemos, es la que considera que la verdad y la justicia sobre los acontecimientos de la última dictadura militar constituyen una reparación histórica que tiene directa relación con el presente y nuestras posibilidades futuras.
Si algo ha permitido develar la política de derechos humanos del actual gobierno nacional es la trama de intereses sobre la que se sostuvo la última dictadura militar, donde no sólo aparecen actores uniformados sino también poderosas corporaciones económicas y mediáticas que fueron tan beneficiadas por el gobierno de facto como protagónicas de las políticas que se implementaron en los años de democracia.
¿O acaso esto no está en juego en la decidida militancia política que lleva adelante la cúpula de la Iglesia Católica de la mano de Bergoglio, la Sociedad Rural y compañía, el Grupo Clarín y sectores políticos de la oposición?
Basta con retener las últimas declaraciones de Duhalde. La idea de unas Fuerzas Armadas "humilladas" (expresión que ya había sido dicha por Elisa Carrió) que deben usarse para el combate contra la delincuencia y la propuesta de una "amnistía" que varios sectores políticos comparten pero sólo Duhalde y el PRO se animan a decirlo, dan cuenta del lugar decisivo que ocupan los derechos humanos y la memoria histórica en la definición de los proyectos políticos de país que se debaten en el presente.
De cómo seamos capaces de afirmar socialmente estas relaciones podremos avanzar sobre las deudas pendientes de una democracia que aún espera resignificarse sobre la base de la justicia social o volver a transitar bajo nuevos rostros, y algunos repetidos, los caminos tristemente conocidos.

"Transporte: una historia repetida", Rosario/12, 27-02-10.

Por Sebastián Artola

Un nuevo aumento del boleto asoma en el horizonte del transporte urbano de Rosario. La ecuación la conocemos bien: ante cada déficit de rentabilidad la variable de ajuste siempre es la misma.
Lo cierto es que cada aumento en el boleto nada resuelve. Los usuarios pagan el costo, el deterioro del servicio se profundiza, las frecuencias no mejoran, muchos barrios siguen sin líneas de colectivo, hasta que en algún momento los números de nuevo "no cierran", viene otro aumento y así la historia repetida de los últimos años.
Esta encerrona en que se encuentra la administració n municipal no expresa otra cosa que el fracaso de su política y la crisis estructural que atraviesa al sistema de transporte urbano.
El argumento de la desigual distribución de los subsidios nacionales, tantas veces repetido, ya suena a excusa para evitar asumir responsabilidades propias.
Porque lo que está agotado es la lógica empresarial y privada que imprime la política municipal para un servicio que es público.
Incluso, parte de la estatización cambió la naturaleza del prestatario pero no el concepto desde el cual se sigue definiendo su administració n. La presencia del Estado no puede ser para actuar como "parche", tomando las líneas y recorridos que cargan con el mayor déficit, dejando en manos de la iniciativa privada las que tienen más demanda y son más rentables.
Debemos avanzar en la definición de un nuevo sistema de transporte urbano que reconozca de manera plena su condición de servicio público. Y esto significa asumir su carácter social. Lo que nos empuja a redefinir la noción de "déficit", dejándola de plantear como sinónimo de ajuste sobre el usuario directo, para pensarla como parte de un bien público que debe ser costeado socialmente.
Y acá es donde todos los ciudadanos tenemos algo que ver. En este sentido, un buen paso sería la creación de un Foro Ciudadano por el Transporte Público, donde participe desde el ejecutivo, legisladores, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, hasta colegios de profesionales, organismos de defensa al consumidor, universidad pública y ciudadanos en general.
Porque si somos capaces de construir un servicio de transporte que beneficie a toda la comunidad, estaremos haciendo del mismo no sólo una herramienta de integración social, económica y cultural, sino también afirmando un principio básico solidario de toda sociedad que aspira a superar las brechas sociales que dejaron como saldo las políticas neoliberales.

Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/22-22509-2010-02-27.html