Por
Sebastián Artola (*).
La presencia
de las fuerzas nacionales de seguridad abre nuevas posibilidades pero también
nos plantea enormes desafíos a todos.
Si su
desembarco permitió una presencia distinta en el territorio, a través de un rol
de prevención y disuasión del delito, significando para nuestros vecinos recuperar
cierta calma, confianza y volver a un uso “más normal” del espacio público, en
contraste con la ausencia o liberación de zonas por parte de la policía
provincial, o lo que es peor, su connivencia pública, e impúdica, con el
narcotráfico en los barrios de la ciudad.
Sigue abierta
la pregunta respecto a cómo avanzar hacia un Estado y una política pública que
permita ir al fondo de las causas que explican semejante expansión del narcotráfico
en nuestra ciudad y los inéditos niveles de violencia a los que llegamos.
Ciudadanizar desde
un sentido profundamente democrático las fuerzas de seguridad y la intervención
de Estado es el camino, y no a la inversa. Es decir, policializar la sociedad y
al Estado. La seguridad pública es un derecho que debe garantizar el Estado
desde una mirada integral y múltiple, y no unívoca. La presencia de Gendarmería
y Prefectura fue acaso la única salida que había frente a la violencia que había
acorralado a nuestra ciudad, pero lejos está de ser una solución en sí misma.
Por eso, esta
oportunidad abierta en nuestra ciudad debe ir acompañada y complementada por un
Estado con la decisión de avanzar en la desarticulación de la trama profunda
del narcotráfico, que significa empezar por la reforma estructural de la
policía provincial, su control político y civil; la democratización del poder
judicial provincial para terminar con la impunidad; una política contra quienes
se llevan los millones que mueve el narcotráfico y después blanquean en
inversiones inmobiliarias o grandes emprendimientos comerciales de la ciudad; y
que también debe saber abordar nuevos debates como la despenalización de la
tenencia o la legalización del consumo de marihuana, en función de estrategias
que permitan la desarticulación del negocio e ir tras sus actores principales.
Pero que
también tiene que saber inscribir la presencia de las fuerzas de seguridad en
el territorio como parte de una política pública y una presencia del Estado que
iguale oportunidades y garantice a todos el derecho a la ciudad, a través de
políticas de urbanización, recuperación de espacios públicos, promoción de
derechos, dignificación de la vida, creación de una subjetividad comunitaria y
reposición de un sentido de futuro para nuestros pibes.
(*) Licenciado en
Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.