Por Sebastián Artola (*).
El asesinato de David a manos de unas
cincuenta personas en barrio Azcuénaga hace visible las profundas marcas que la
violencia viene dejando en nuestra ciudad.
La enfurecida reacción habla de una
comunidad fragmentada, con sus vínculos deshilachados, atravesada por la
desconfianza, el odio, una ciega búsqueda de venganza social y el
desconocimiento de la autoridad pública.
No es casualidad. La ausencia del Estado
garantizando el derecho a la seguridad y la protección de la vida es el marco
bajo el cual es necesario pensar el porqué de este, como de otros hechos de
violencia y muerte.
Decimos más, este corrimiento del Estado
a la hora de garantizar la seguridad pública y cuidar la vida, en realidad, es
una presencia más que activa en la configuración de la trama delictiva que
explica buena parte de los niveles de violencia y la altísima tasa de
homicidios que sufre nuestra ciudad.
La idea de un Estado “víctima” en lucha
contra la delincuencia y el narcotráfico es una figura que puede funcionar en el
relato mediático, pero no va al fondo de una realidad donde una parte del propio
Estado está en connivencia con el delito y el narcotráfico, a través de la
policía provincial, sectores del poder judicial y políticos con representación
institucional, que por acción u omisión poco hacen para transformar la matriz
de la violencia en Santa Fe.
Del mismo modo, un proyecto de ciudad
que piensa a Rosario como si fuese una “marca” (basta con reparar en el logo de
la actual gestión), situando al comercio y el turismo como sus ejes más
dinámicos, fue definiendo al “consumo” como el modo de pertenencia a la ciudad.
Los pibes de los barrios más humildes
roban para tener, pero también para ser. Construyen desde ahí identidad y
pertenencia. Frente a un Estado local que no promueve otro horizonte y sentido
de integración, a través de la escuela, como de políticas culturales,
recreativas o de capacitación en oficio en los mismos barrios, el delito se
presenta como el único camino posible.
El desafío urgente para todos los que
vivimos en Rosario y, sobre todo, para quienes tienen responsabilidades
públicas es imaginar y tomar las necesarias decisiones que nos permitan empezar
a transformar de fondo las causas que nos llevaron a este estado de cosas.
Para ello, es imprescindible reponer la
responsabilidad pública y pensar un modelo de seguridad democrática, que no
deje librado las prácticas de seguridad a decisiones individuales de cada
ciudadano, lo cual implica negar la seguridad como un derecho, profundizando la
fragmentación del lazo comunitario y la división de la ciudadanía.
Más que nunca sigue siendo una tarea pendiente pensar una ciudad donde
quepamos todos, garantizando por igual el derecho a la seguridad y a la
protección de la vida.
(*) Foro Rosario para Todos.