Por Sebastián Artola
Después de
tanto tiempo de plantear la indefensión de los inquilinos frente a los abusos
de las inmobiliarias, en buena hora esta realidad se incorpora a la agenda
municipal y a las iniciativas de distintos sectores.
Parece que no
fue en vano la lucha y la Campaña “La Vivienda es un Derecho, No un Negocio”
que venimos haciendo desde que empezó el año, con pintadas y volanteadas por
toda la ciudad; el Festival x el Derecho a la Vivienda que llevamos adelante
frente a las puertas del Concejo Municipal; el 1er. Debate Público x el Derecho
a la Vivienda en La Toma de fines de junio; y ahora la Semana x el Derecho a la
Vivienda que vamos a hacer el 1, 2 y 3 de octubre.
El anuncio de
esta última actividad – en la primera vez que se celebra el Día del Inquilino
en Rosario - junto con el lanzamiento de nuestra Defensoría del Inquilino (que
va a funcionar, de manera gratuita, todos los viernes de 17 a 20hs en
Cochabamba 557) y la presentación de la Guía de los Derechos del Inquilino
(también la primera con la que va a contar nuestra ciudad), como respuestas
concretas para el aquí y ahora, apuraron algunos anuncios y promesas…
Ahora bien, si en la presentación del llamado “Centro
de Asesoramiento Social en Alquileres” sólo estuvo invitado el titular de la
Cámara de de Empresas Inmobiliarias de Rosario, hay algo que no cierra.
O, al menos,
nosotros no lo entendemos bien.
Una
herramienta pública que, supuestamente, tiene por finalidad la asistencia a los
inquilinos, es inaugurada junto a la entidad que agrupa a los principales y más
poderosos empresarios inmobiliarios, que son
los que vulneran sistemáticamente los derechos de los inquilinos, mediante abusos
y atropellos de todo tipo.
Y un agregado
más: pese a lo largo del nombre, la
propuesta oficial acota su atribución a la función de “asesoramiento”.
En el
proyecto de ordenanza para crear una “Defensoría Pública del Inquilino” que
presentamos en diciembre del 2015, junto a la propuesta de una “Tasa al
Inmueble Ocioso” – y que aún ni siquiera tuvimos la oportunidad de ir a
explicarlos: recordatorio para todos los concejales interesados en el tema – decimos:
“… es
indispensable avanzar hacia un nuevo paradigma que deje de pensar la relación
locador/locatario como un mero contrato privado entre particulares, para pasar
a situar el alquiler como un servicio de primera necesidad que no puede quedar
librado a los abusos del mercado y al mero juego de la oferta y demanda”
“Que para tal
finalidad es necesario jerarquizar y fortalecer institucionalmente los
instrumentos existentes en la órbita del Estado Municipal, como el Consejo
Asesor de la Vivienda Única y de los Bienes de Producción de los Pequeños y
Medianos Empresarios, perteneciente a la Oficina Municipal del Consumidor del
Concejo Municipal de Rosario”
“Que la
capacidad de intervención del Estado para ser efectiva deber ir más allá del
asesoramiento o la recepción de denuncias, sino que también es necesario que
asuma la facultad de control, sanción, mediación y de llevar adelante demandas
procesales en defensa de los derechos de los inquilinos, si la naturaleza del conflicto así lo amerita”
Es decir, en el marco de la Oficina Municipal del Consumidor
ya viene funcionando un área de “asesoramiento” desde 2005, y en la práctica se
revela insuficiente e impotente para defender de manera efectiva a los inquilinos,
frente a los abusos de un mercado que actúa con total impunidad.
O sea, lo que
ya existe en el plano del poder legislativo de la ciudad ahora se repite en la
órbita del ejecutivo, en el marco del Servicio Público de la Vivienda (SPV).
Idéntica
función, misma práctica, otro nombre.
Lo que nosotros venimos planteando es
la necesidad y el desafío de avanzar en una herramienta pública que empodere a
los inquilinos, por
eso la figura de una Defensoría:
-
Creada
en el marco del Concejo Municipal y no del Ejecutivo local, como un organismo
independiente y con plena autonomía.
-
Cuyas atribuciones vayan desde el
asesoramiento jurídico gratuito y la asistencia; la mediación y conciliación
voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e
inmobiliarias; la posibilidad de dar curso de acción legal y llevar adelante
demandas procesales, de manera gratuita, cuando la naturaleza y circunstancias
del conflicto así lo ameriten; y el establecimiento de un marco común para toda
la ciudad de Rosario sobre el tipo y la cantidad de garantías a solicitar a los
inquilinos al momento de firmar un contrato.
Todo lo otro,
nos parece, son caminos recorridos que nos van a llevar a los mismos
resultados.
Y una última
cuestión: también se anunció el programa “Hoy Alquilo”.
El mismo – según
describen - consiste en préstamos personales del Banco Municipal de Rosario, a
tasa preferencial, para afrontar gastos de un nuevo contrato, renovación,
mudanza, junto al ofrecimiento de garantías bancarias.
Lo primero a decir, es que si la finalidad es social
y se implementa desde un Banco público, el crédito debería ser sin ningún tipo
de interés ¿no?
Lo segundo, es la pregunta sobre la accesibilidad
al mismo, porque acá es donde queda claro si es inclusivo o sólo para unos
pocos - y su potencial impacto positivo o neutro-, más allá del anuncio y la
propaganda.
(Recordamos
también un dato que hicimos público hace poco: un 50% de los hogares de Rosario
no pueden acceder al alquiler de un departamento de 1 dormitorio sin
comprometer seriamente sus ingresos. Para un departamento de 2 dormitorios y 3
dormitorios, el porcentaje de hogares excluidos es de 60% y 80%
respectivamente)
Lo tercero - y pese a lo que dijo su titular
respecto a que “no hay una experiencia previa” - es que se asemeja mucho al
programa “Alquilar se Puede” que implementó Macri en la Ciudad de Buenos Aires
en febrero del 2015.
¿Cuántos accedieron
a un crédito para alquilar a través de este programa?
En los
primeros cinco meses se anotaron 15 mil personas y sólo 8 personas terminaron accediendo
al crédito.
La propuesta
de dar garantías también fue implementada por Macri en el 2010 a través del
Banco Ciudad.
¿Cuántas familias
pudieron alquilar con las garantías del Banco Ciudad?
Ninguna, porque
en Capital Federal las inmobiliarias no aceptan garantías bancarias
Lo último, es la realidad práctica del que
puede acceder al mismo: va a tener que pagar un crédito además del alquiler.
En conclusión: suena más a un beneficio para el sostenimiento
y la reproducción del mercado inmobiliario que a una ayuda para el propio
inquilino.
No sólo no impacta
en la regulación del mercado sino que termina reproduciendo su lógica
especulativa, abusiva, de aumentos de precios sin control ni referencia en
relación al salario promedio o el costo de vida.
Lo venimos diciendo
y volvemos a repetir:
La desregulación del mercado
inmobiliario, la ausencia (o complicidad) del Estado y la falta de herramientas
que defiendan el derecho ciudadano a la vivienda explican que nuestra ciudad
tenga la mitad de sus habitantes con problemas habitacionales o, directamente, con
su derecho a la vivienda vulnerado.
De lo que se trata es de crear instrumentos que empoderen
a los inquilinos y a los ciudadanos, generen nuevas prácticas, permitan poner
un freno a los abusos de las inmobiliarias y encuentren al Estado en un nuevo
rol en relación a la promoción del derecho a la vivienda que todxs tenemos.
Hacia allá vamos.
La lucha sigue!
Les dejo el link con
la nota “La Vivienda en Rosario: mentiras y realidades de un tema tabú en la
agenda local” (julio de 2015), a modo de resumen y crónica de lo que venimos
haciendo: