“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 28-04-14.

Por Sebastián Artola (*).
La presencia de las fuerzas nacionales de seguridad abre nuevas posibilidades pero también nos plantea enormes desafíos a todos.
Si su desembarco permitió una presencia distinta en el territorio, a través de un rol de prevención y disuasión del delito, significando para nuestros vecinos recuperar cierta calma, confianza y volver a un uso “más normal” del espacio público, en contraste con la ausencia o liberación de zonas por parte de la policía provincial, o lo que es peor, su connivencia pública, e impúdica, con el narcotráfico en los barrios de la ciudad.
Sigue abierta la pregunta respecto a cómo avanzar hacia un Estado y una política pública que permita ir al fondo de las causas que explican semejante expansión del narcotráfico en nuestra ciudad y los inéditos niveles de violencia a los que llegamos. 
Ciudadanizar desde un sentido profundamente democrático las fuerzas de seguridad y la intervención de Estado es el camino, y no a la inversa. Es decir, policializar la sociedad y al Estado. La seguridad pública es un derecho que debe garantizar el Estado desde una mirada integral y múltiple, y no unívoca. La presencia de Gendarmería y Prefectura fue acaso la única salida que había frente a la violencia que había acorralado a nuestra ciudad, pero lejos está de ser una solución en sí misma.
Por eso, esta oportunidad abierta en nuestra ciudad debe ir acompañada y complementada por un Estado con la decisión de avanzar en la desarticulación de la trama profunda del narcotráfico, que significa empezar por la reforma estructural de la policía provincial, su control político y civil; la democratización del poder judicial provincial para terminar con la impunidad; una política contra quienes se llevan los millones que mueve el narcotráfico y después blanquean en inversiones inmobiliarias o grandes emprendimientos comerciales de la ciudad; y que también debe saber abordar nuevos debates como la despenalización de la tenencia o la legalización del consumo de marihuana, en función de estrategias que permitan la desarticulación del negocio e ir tras sus actores principales.
Pero que también tiene que saber inscribir la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio como parte de una política pública y una presencia del Estado que iguale oportunidades y garantice a todos el derecho a la ciudad, a través de políticas de urbanización, recuperación de espacios públicos, promoción de derechos, dignificación de la vida, creación de una subjetividad comunitaria y reposición de un sentido de futuro para nuestros pibes.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 21-04-14.

Por Sebastián Artola (*).
En buena hora la presencia de las fuerzas nacionales de seguridad parece abrir un debate sobre los modos de intervención del Estado y su relación con el territorio en nuestra ciudad.
En todo este tiempo, la norma había sido la violenta disputa entre bandas narcos en zonas liberadas de la ciudad, mientras buena parte de la dirigencia política local y provincial miraba desde afuera, a modo de comentaristas sin conocimiento sobre lo que sucedía en barrios que poco pisaban, un Estado que siempre llegaba tarde, cuando llegaba, y con muy pocas voces que osaran repensar su rol y poner en cuestión las estrategias de desarrollo urbano oficiales.
En primer lugar, la política de derrumbar bunkers de venta de drogas no es lo mismo si queda sólo en una foto para los medios, mientras la policía provincial después pasa como todas las semanas a cobrar la “cuota” a cambio de protección y liberar la zona, tal como sucedió hasta ahora. Que si forma parte de una estrategia que busca pacificar y disminuir los niveles de violencia, a través de una presencia permanente no represiva de las fuerzas de seguridad, bajo un rol de prevención y disuasión del delito.
Por más que el búnker sea el último eslabón en la cadena del narcotráfico, no hay que subestimarlo, como plantean ciertos “progresismos” abstractos. Su proliferación en los barrios fue alterando la cotidianeidad, sembrando miedo, fragmentando el tejido social y clausurando el espacio público.
Los vecinos poco a poco se vieron encerrados en sus casas, casi sin poder estar en las veredas, entrando y saliendo a las corridas, esquivando balas, bajo el desamparo total del Estado.
El cierre efectivo del “kiosquito” es necesario para el desarme en los barrios, la recuperación y pacificación del territorio.
En segundo lugar, algo que venimos diciendo y escribimos en esta misma columna el pasado lunes. Una política de seguridad pública no se agota en las propias fuerzas de seguridad, ni pasa exclusivamente por tener una presencia distinta de la policía y las fuerzas federales en el territorio, la reposición de su conducción política, la recuperación de la cadena de mando al interior de la fuerza provincial o por un compromiso genuino del Poder Judicial.
Repensar de conjunto el Estado es la tarea imprescindible. Una nueva política de desarrollo urbano inclusiva, que no marche detrás de la especulación inmobiliaria; la recuperación del perfil productivo de la ciudad, a través de la promoción de las pequeñas y medianas empresas, y las economías populares, que permitan la integración laboral de los vecinos  que hoy quedan afuera; y una política cultural pensada no como mero show y espectáculo, sino que habilite un sentido de pertenencia distinto de los más jóvenes a la ciudad y un horizonte de vida, son desafíos abiertos que hacen a una política de seguridad pública, que para ser efectiva (algo que también hemos dicho) debe ser integral y garantizar a todos el derecho a la ciudad.
Las cartas están echadas y las posibilidades también. Del compromiso y el protagonismo de todos, hoy más que nunca, depende empezar a construir un presente distinto.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 15-04-14.

Por Sebastián Artola (*).
El operativo llevado adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pasado miércoles en nuestra ciudad, marca el fracaso de una política de seguridad del gobierno provincial que marchó siempre detrás de los acontecimientos.
Desde la denuncia pública que llevó a la renuncia del ex jefe de la policía Hugo Tognoli, que al principio fue vista por las autoridades provinciales como una “operación política”, hasta el desplazamiento de la cúpula de la División Judiciales de la Unidad Regional II, en el ojo de la tormenta tras la entrevista televisada una semana atrás por el canal América 24 con el prófugo "Monchi” Cantero, señalado como el líder de la banda de Los Monos.
La falta de decisión política para enfrentar la trama del narcotráfico, el encubrimiento y el pacto con los actores que explican su crecimiento exponencial, son las causas para que nuestra ciudad tenga la triste condición de ser la más violenta del país, con casi un homicidio por día en lo que va del año 2014, cuatro veces más que la media nacional.
Por supuesto que la intervención de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal lejos está de ser una solución en sí misma, pero es mucho más que una mera puesta en escena y poco tiene que ver con la idea de una “militarización” del territorio, como escuchamos desde algunas voces críticas en estos días.
Su presencia es celebrada por los vecinos de los barrios más humildes y esto algo nos dice. Acostumbrados a ver el patrullero pasar por el “kiosquito” a cobrar la cuota mensual a cambio de protección y liberar la zona, por primera vez, reconocen una fuerza de seguridad cumpliendo un rol de prevención y disuasión del delito, sin violencia y represión.
Queda ahora la posta a manos del gobierno provincial. Transformar de modo estructural la policía santafesina y reponer su conducción política, bajo control civil, es ya una obviedad decirlo, pero sigue pendiente. Reformar el Poder Judicial provincial también. Sin avanzar sobre estas dos cuestiones será muy difícil desarticular la trama profunda de acuerdos y negocios que sostienen al narcotráfico en Rosario.  
Para el municipio queda la indispensable tarea de igualar oportunidades e incluir a los barrios que vieron por televisión el “boom” de la ciudad, revirtiendo la matriz de crecimiento sin inclusión social que caracterizó a Rosario en todos estos años. Políticas de urbanización y vivienda, obras públicas elementales como desagües o, incluso, zanjeo en muchos barrios, acceso a servicios públicos dignos, inserción educativa y laboral de los más jóvenes, y promoción de espacios recreativos, culturales y deportivos en los barrios, son deudas internas de una gestión que gobierna Rosario hace veinte años y forman parte de la construcción de un marco de seguridad pública real y efectivo.  
El trabajo mancomunado entre municipio, provincia y nación, y la centralidad del rol transformador del Estado es el camino. Garantizar el derecho a la ciudad a todos los vecinos, como la decisión del poder político provincial de llevar adelante con coraje las tareas que hasta ahora no se hicieron, son condición para modificar el estado de cosas. Sólo así será posible reconstruir una convivencia en paz para nuestra ciudad, desde una mirada integral sobre la seguridad pública.
(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 07-04-14.

Por Sebastián Artola (*)
Mientras hacía cola para pagar unos impuestos, un señor cercano a los sesenta años empezó a insultar contra el país, la inseguridad y los “negros”. “Hay que matarlos a todos” arengaba, todo culpa de la “yegua que nos gobierna”, “esto en otros países no pasa” repetía, proponiendo “no pagar los impuestos”. En la fila no éramos más de seis o siete. Como vio que hablaba sin mucho eco sobre el resto, le pregunta al más cercano buscando complicidad, “¿Y vos qué opinas?”. Y éste le responde: “Y porqué no se va del país”. Medio descolocado por la respuesta, de alguien que tendría algunos años menos que él, me mira y me pregunta a mí: “¿Y vos, qué opinas?”. Y le digo: “Yo a mi país lo quiero”. Enfurecido, me dice: “A vos porque nunca te robaron, no te pasó nada”. Sólo alcancé a decirle que sí me habían robado, pero no por eso tenía que compartir las cosas que decía y que por ahí no pasaba la solución… después fue imposible agregar algo más.
Todos alguna vez (o más de una) hemos estado en una situación parecida. La pregunta que uno se hace es siempre la misma: ¿Qué explica la ira, el odio, el prejuicio, la violencia verbal (a un paso de la física) y la intolerancia que anida en algunos sectores de nuestra sociedad?
Lo primero que hay que dejar bien en claro es que no todos piensan de esta manera, pese a que algunos así lo quieran presentar. De ser así, estaríamos al borde de la desintegración social. Los más de treinta años desde la recuperación democrática y la mayoritaria concurrencia a la hora de votar lo demuestran. Los fallidos intentos de desestabilización en estos últimos diez también. La gran mayoría ha dejado claro querer vivir y convivir bajo el marco común que habilita la democracia y el respeto al estado de derecho.
Pero tanto es el estímulo y la amplificación interesada que se les da desde los medios hegemónicos de comunicación que, por momentos, parecen muchos, logrando efectos de repetición y consecuencias concretas en la vida cotidiana.
Los linchamientos protagonizados por grupos de personas en estos días son un doloroso ejemplo de esto. Las 24 horas de machaque comunicacional, sensacionalista y frívolo, sobre cada hecho de inseguridad, construyen una cultura del miedo y la permanente desconfianza hacia el otro, donde la única salida posible parece ser el ejercicio de la violencia personal o social.
A quienes lo estimulan, medios concentrados pero también políticos que actúan como voceros de los mismos, poco les interesa la solución al problema real de la inseguridad. Por el contrario, con el culto al odio no hacen más que profundizar los marcos que explican las tramas profundas sobre las que se despliegan los delitos y su violencia.
Promueven la idea de indefensión y de una sociedad librada a su suerte, mientras demonizan cada avance del Estado, añorando los tiempos donde el mismo se arrodillaba ante los negociados privados y el poder económico.
Hablan de “inseguridad” como tema excluyente, pero se oponen a un Estado que busca  ampliar  derechos, rechazando la democratización del Poder Judicial, la reforma del Código Penal, la necesaria transformación de las policías provinciales y las políticas públicas que crean trabajo, fortalecen el mercado interno e incluyen a los sectores más humildes, achicando las desigualdades de nuestra sociedad.  
Lo dijimos y volvemos a repetir, más y mejor Estado es el camino. Y agregamos: una comunidad que se construya sobre el amor y no el odio es su posibilidad.
(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 31-03-14.

Por Sebastián Artola (*).
El asesinato de David a manos de unas cincuenta personas en barrio Azcuénaga hace visible las profundas marcas que la violencia viene dejando en nuestra ciudad.
La enfurecida reacción habla de una comunidad fragmentada, con sus vínculos deshilachados, atravesada por la desconfianza, el odio, una ciega búsqueda de venganza social y el desconocimiento de la autoridad pública.
No es casualidad. La ausencia del Estado garantizando el derecho a la seguridad y la protección de la vida es el marco bajo el cual es necesario pensar el porqué de este, como de otros hechos de violencia y muerte.
Decimos más, este corrimiento del Estado a la hora de garantizar la seguridad pública y cuidar la vida, en realidad, es una presencia más que activa en la configuración de la trama delictiva que explica buena parte de los niveles de violencia y la altísima tasa de homicidios que sufre nuestra ciudad.
La idea de un Estado “víctima” en lucha contra la delincuencia y el narcotráfico es una figura que puede funcionar en el relato mediático, pero no va al fondo de una realidad donde una parte del propio Estado está en connivencia con el delito y el narcotráfico, a través de la policía provincial, sectores del poder judicial y políticos con representación institucional, que por acción u omisión poco hacen para transformar la matriz de la violencia en Santa Fe.
Del mismo modo, un proyecto de ciudad que piensa a Rosario como si fuese una “marca” (basta con reparar en el logo de la actual gestión), situando al comercio y el turismo como sus ejes más dinámicos, fue definiendo al “consumo” como el modo de pertenencia a la ciudad.
Los pibes de los barrios más humildes roban para tener, pero también para ser. Construyen desde ahí identidad y pertenencia. Frente a un Estado local que no promueve otro horizonte y sentido de integración, a través de la escuela, como de políticas culturales, recreativas o de capacitación en oficio en los mismos barrios, el delito se presenta como el único camino posible.
El desafío urgente para todos los que vivimos en Rosario y, sobre todo, para quienes tienen responsabilidades públicas es imaginar y tomar las necesarias decisiones que nos permitan empezar a transformar de fondo las causas que nos llevaron a este estado de cosas.
Para ello, es imprescindible reponer la responsabilidad pública y pensar un modelo de seguridad democrática, que no deje librado las prácticas de seguridad a decisiones individuales de cada ciudadano, lo cual implica negar la seguridad como un derecho, profundizando la fragmentación del lazo comunitario y la división de la ciudadanía.
Más que nunca sigue siendo una tarea pendiente pensar una ciudad donde quepamos todos, garantizando por igual el derecho a la seguridad y a la protección de la vida.
 (*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 10-03-14.

Por Sebastián Artola (*).
El 21 de enero Melani Navarro fue asesinada al haber quedado en el medio de una balacera entre narcos en La Granada. Tenía sólo 5 años. La espiral de violencia que el narcotráfico siembra en los barrios más humildes, en connivencia con la policía provincial y un poder judicial que mira para otro lado garantizando impunidad, no para de llevarse la vida de los más jóvenes de nuestra ciudad.
A las dos semanas de la muerte de Melani, el Centro de Salud que existía en el barrio cerró sus puertas, dejando a los vecinos sin la posibilidad de atención primaria, frente al silencio de las autoridades municipales y provinciales. El centro de salud “20 de junio” había sido inaugurado en 2010 para descomprimir de pacientes al Sáenz Peña. Los profesionales que atendían en el lugar, desamparados y sin ningún tipo de protección, optaron por no ir más.
El repliegue del Estado municipal en los barrios de Rosario no es nuevo. Desde el año 2010 venimos asistiendo a un vaciamiento de las políticas sociales del municipio, con el desmantelamiento y reconversión de los Centros Crecer, la pérdida de funcionalidad y la desarticulación de un abordaje integral entre políticas sociales y políticas sanitarias en el territorio.
Los centros de salud que conforman el dispositivo de Atención Primaria de la Salud están cerrados los fines de semana y con suerte de lunes a viernes tienen horarios de atención por la tarde, mientras que las ambulancias no entran a los barrios, incluso cuando las llamadas son de los propios centros de salud. A lo que se suma la falta de reemplazos por licencia para médicos y pediatras, ni que hablar de psicólogos o trabajadores sociales.
Cuando la semana pasada la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, puso el acento en el desafío de “construir una sociedad y una ciudad más integrada, más equitativa”. En buena hora, hace casi veinte años que el socialismo  gobierna Rosario y está a la vista el modo profundamente desigual bajo el cual creció nuestra ciudad en todo este tiempo, garantizando enormes negocios para muy pocos, mientras la gran mayoría de nuestros vecinos no tienen acceso a obras de infraestructura social básica, servicios públicos dignos y posibilidades de integración socioeconómica.
La paradoja en La Granada es una muestra más de lo que pasa en muchísimos barrios de nuestra ciudad. Mientras la violencia del narcotráfico se lleva la vida de nuestros jóvenes y niños, el Estado más se repliega y brilla por su ausencia. Pero los vecinos y familiares de las víctimas no bajan los abrazos y se resisten a que este sea el único futuro para los jóvenes y los más chicos. Se organizan desde abajo, construyen memoria y luchan contra la impunidad. Nos queda hacia futuro el desafío de juntar todas estas luchas en un proyecto de ciudad común, que haga posible el derecho  a vivir dignamente y en paz,  haciendo de Rosario una ciudad para todos.


(*) Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 25-02-14.

Por Sebastián Artola (*).
Se viene un nuevo aumento del transporte urbano. Entre el 2011 y el 2013, la tarifa pasó de 1,90 a 3,60, aumentando casi un 90%. Lo que hace de Rosario una de las ciudades con el boleto urbano más caro del país.
No pasaron dos meses del último aumento y el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) hizo llegar al Concejo un estudio – por demás de cuestionable y donde urge revisar la metodología usada para el cálculo - que pone en 5 pesos el costo del boleto. El municipio parece querer un nuevo ajuste sobre la tarifa y, como siempre, los que pagan el pato son los usuarios.
Hay que aclarar que el 50% del financiamiento proviene de los subsidios nacionales, mientras que la provincia no gira un solo peso para el transporte de nuestra ciudad y los aportes del municipio a través del Fondo Compensador del Transporte pasaron de cubrir el 6% en el año 2002 a sólo el 3% durante el pasado año.
Lo dijimos y volvemos a repetir: hace veinte años que el municipio gestiona un servicio público como si fuese una empresa privada, negando su carácter social y, en consecuencia, la posibilidad de ser pensado como un bien público que debe ser costeado por el conjunto de la sociedad y, en especial, por los sectores con mayor capacidad contributiva de la ciudad.
Por eso, la salida lejos está de ser volver a privatizar el servicio, como escuchamos decir a concejales del PRO. Esto no haría más que profundizar el deterioro del servicio, que de hecho (y pese a la existencia de una empresa estatal y otra mixta) se administra bajo una lógica empresarial, donde todo lo que pide la única empresa privada de la ciudad parece ser palabra santa.
Encima, nos enteramos por estos días que tanto Rosario Bus como Semtur y la Mixta, guardan los coches, reduciendo la frecuencia, aumentando las esperas de los usuarios y bajando las horas de trabajo de los chóferes.
Frente a esta especulación, al municipio no le debería temblar el pulso para defender el servicio, los puestos de trabajo y el bolsillo de los ciudadanos. El gran desafío que tenemos es avanzar hacia un nuevo sistema de transporte público y estatal, que reponga de manera plena su condición de servicio público, garantizando el acceso y el derecho de todos a la movilidad e integración en nuestra ciudad.
(*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 18-02-14.

Por Sebastián Artola (*).
La especulación con los precios por parte de las grandes empresas y los supermercados, hizo de la economía el tema de discusión pública principal en estas últimas semanas. Y esta bueno que así sea.
Durante décadas se había instalado la idea de que la economía era cuestión de “expertos”, quedando en manos de unos pocos, que con un lenguaje técnico y casi indescifrable, tomaban decisiones que se presentaban como las únicas posibles, mientras la gran mayoría padecía sus consecuencias.
Eran los años neoliberales, donde la política acataba, como si fuesen verdades absolutas, todo lo que decían los grandes grupos económicos, los organismos financieros internacionales y sus economistas.
Desde el 2003 la historia empezó a ser de otra manera. La política volvió a ser el centro ordenador de la vida social, económica y cultural de todos los argentinos, recuperando la soberanía perdida y reponiendo su condición transformadora.
No es otra la puja que se juega por estos días: o la economía la dirigen los grupos de poder concentrados en función de su tasa de ganancias, o la dirige el Estado y la política en beneficio del conjunto de la sociedad.
Sobre esta tensión, es posible pensar muchos de los problemas irresueltos en nuestra ciudad.
El déficit habitacional creciente en los últimos años, con más de 60 mil familias sin su propia casa, mientras hay 80 mil viviendas deshabitadas, es el resultado de un Estado local que marchó detrás de los intereses de la especulación inmobiliaria, sin ningún tipo de regulación, perdiendo su capacidad de transformación e igualación de oportunidades.
Lo mismo para una planificación urbana hecha a medida del sector privado, permitiendo la construcción de edificios bajo ordenamientos urbanos sancionados hace cuarenta años, colapsando los servicios públicos, en perjuicio de la calidad de vida de los vecinos, mientras buena parte de la ciudad aún espera obras de infraestructura básicas (desde pavimento a cloacas) y de urbanización, para dar respuesta a los más de doscientos mil rosarinos que viven en 110 asentamientos irregulares.
Y ni que hablar del privilegio que gozan los grandes establecimientos comerciales, en perjuicio de los pequeños y medianos comercios, las ferias de artesanos, las ferias populares de los barrios, las huertas comunitarias o los mercados de productores. La falta de políticas de reconocimiento, fortalecimiento y promoción de estos sectores, en torno a las cuales viven miles de familias y significan un mercado con precios mucho más accesibles, habla a la claras de un proyecto de ciudad que tiene su interés puesto en la concentración del comercio en manos de los shopping y supermercados.
Un Estado que mire a la sociedad de conjunto y defienda el bienestar colectivo, por sobre los negocios de algunos pocos, es el desafío principal de nuestros tiempos, para la cual es imprescindible el compromiso activo de todos los que queremos seguir construyendo un país para todos y aspiramos a vivir en una Rosario más justa y armónica.

(*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 10-02-14.

Por Sebastián Artola (*).
El anuncio del tren Rosario-Buenos Aires por parte del gobierno nacional es un aporte importantísimo para nuestra ciudad y el desarrollo de la región.
Son 33 formaciones, todas nuevas, con una renovación integral de los 526 kilómetros de vía que unen nuestra ciudad con la Capital Federal, en una inversión de casi 3.500 millones de pesos, que permitirá conectar ambas ciudades en 3 horas y media, desde los primeros meses del próximo año.
El tren es el sistema de transporte público más seguro, cómodo, con menos impacto ambiental y más económico, constituyendo, a la vez, una herramienta estratégica para el desarrollo integral de toda sociedad.
La reactivación del servicio permitirá disminuir la circulación de vehículos por la Autopista Buenos Aires - Rosario, con una potencial reducción de los accidentes viales de entre 5 y 7 por ciento.
Según estudios de la Unión Europea, la relación de muertes por accidentes entre automotores y ferrocarril es 44 a 1. En nuestro país, la Fundación Luchemos por la Vida relevó, durante el año 2013, 7896 muertes por accidentes de tránsito.
Después del desmantelamiento neoliberal en la década del ’90, en los últimos diez años viene habiendo una decisión política de recuperar los ferrocarriles de pasajeros y de carga, como parte de un proyecto de país que vuelve a poner la prioridad en la sustitución de importaciones, el valor agregado y la industrialización, pero también como una política que busca día a día brindar mejores servicios públicos, igualar oportunidades, integrar al país y dignificar la calidad de vida de nuestro pueblo.
De ahí la importancia de seguir profundizando la recuperación del ferrocarril y para esto es imprescindible el acompañamiento incondicional del gobierno provincial y local. Por una vez, está bueno ver que se dejan las chicanas políticas de lado, en función de sumar esfuerzos a un proyecto de país que, pese a los ataques especulativos de los dueños del mercado, sigue adelante, defendiendo el interés de todos los argentinos y el derecho a vivir en una patria para todos.

(*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 03-02-14.

Por Sebastián Artola.
Si un problema no se reconoce es imposible solucionarlo. Las declaraciones del Ministro de Seguridad Raúl Lamberto diciendo que se garantizó la seguridad en “hechos importantes”, por no haberse producido ningún homicidio durante los saqueos, el conflicto policial y la realización del rally Dakar, resultan una tomada de pelo. Mientras decía esto, el primer mes del año terminaba con 32 homicidios, un 39% más que en enero del 2013.
Pero esto no fue todo. En la misma entrevista sostuvo como característica común de los homicidios, la condición de ser "crímenes interpersonales". Es decir, “disputas entre vecinos, familiares, personas que se conocen entre sí”, a modo de quitar la responsabilidad del Estado y la ineficacia de una política de seguridad pública, bajo el reiterado estigma, que afirma la idea de una cultura violenta en las zonas periféricas, que los llevaría a resolver sus peleas mediante el ejercicio de la violencia, haciendo casi imposible su prevención.
Y para rematarla, defendió que “la policía es más confiable hoy que en otros tiempos” y “bastante diferente a la que había tiempo atrás”. Cuando no hace falta mucha estadística para comprobar el desprestigio que hoy tiene la fuerza entra los vecinos de la ciudad y la provincia.
Ahora bien, como sostuvimos al principio. Si no hay un reconocimiento del problema, este tipo de desvaríos son casi inevitable. Cuando el primer paso no está dado, todo lo que se viene después no son más que palabras, puestas en escena o fotos para los medios, tratando de tapar el sol con las manos y justificar lo injustificable.
En nuestra ciudad, las causas de la violencia tienen como fondo el crecimiento exponencial del narcotráfico en los últimos años. Basta con ver cómo la curva en brutal ascenso de la tasa de homicidios marcha de la mano con la expansión y penetración del narcotráfico en el territorio de la ciudad.
Y la realidad del narcotráfico se inscribe sobre dos planos entrelazados. En primer lugar, un plano policial-judicial. Sin la connivencia con una policía que no tiene conducción política y la impunidad que garantiza el poder judicial, nunca hubiese sido posible semejante expansión del narcotráfico. La implicación estructural con la policía y el poder judicial, permitieron su formación, reproducción y ampliación. De otro modo, no habría forma de explicar cómo circulan y se blanquean los dos mil millones de pesos que mueve por año el narcotráfico en nuestra ciudad.
Por el otro, un plano social-cultural. El saldo de un Estado municipal que marchó, en todos estos años, detrás de la especulación inmobiliaria en detrimento del derecho de todos a vivir dignamente en la ciudad, con una ausencia de propuestas de integración y proyección juvenil,  no dejó otra salida para muchos jóvenes de los barrios más humildes que el delito y el narcotráfico, como posibilidad de subsistencia, pero también como lugar de reconocimiento, identidad y respeto, frente a un proyecto de ciudad que los niega e invisibiliza.
Si por acá pasa la punta del ovillo, y se encara con decisión política, más encaminados vamos a estar para empezar a dar respuestas a una sociedad que las espera y necesita, y, por supuesto, otras serán las declaraciones que escuchemos de los funcionarios responsables de la seguridad pública de la provincia.
 (*) Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 27-01-14.

Por Sebastián Artola (*).
El pasado miércoles la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el Programa PROGRESAR, para jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, están en condiciones de informalidad laboral o perciben un salario inferior al mínimo. El mismo tiene por objetivo el inicio, permanencia y finalización de los estudios, en los tres niveles educativos.
En nuestra ciudad, según el censo del 2010, hay 120 mil jóvenes en esa franja etaria. Habrá que ver cuántos están en condiciones de acceder al programa, pero si tenemos en cuenta que el 50% de los desocupados de la ciudad tienen entre 20 y 29 años, y que el 60% de los jóvenes trabajan en condiciones de informalidad, seguramente van a ser muchos más que los dos mil jóvenes que dijo, con poco conocimiento, ni más ni menos que la secretaria de Promoción Social del municipio Cecilia González.
El desafío, siempre, es sumar esfuerzos y avanzar hacia respuestas superadoras. Por eso, no fue lo mejor escuchar a funcionarios del municipio desestimarlo, diciendo que la provincia ya tiene su política con el Plan “Vuelvo a estudiar”.
Si bien el Plan “Vuelvo a estudiar” empezó a mediados del año pasado, se trata de una respuesta piloto y focalizada, destinada sólo al nivel educativo medio, que se lleva adelante en cinco ciudades de la provincia (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Avellaneda y Venado Tuerto). Según datos de la provincia, hasta ahora logró incorporar 800 jóvenes al sistema educativo (430 en Rosario). Cuando (según el Censo del 2010) hay 26.800 chicos entre 15 y 17 años que no van la escuela. Es decir, un 23%, cinco punto más que la media nacional. Para Amsafé, el año pasado ese número llegó al 30%.
El PROGRESAR es una política universal, con un seguimiento sobre el alumno, teniendo que presentar un formulario de regularidad y materias aprobadas, y una vez al año el control sanitario establecido por el Ministerio de Salud nacional. Contempla, a su vez, una asistencia para la inserción laboral a través del Ministerio de Trabajo y la posibilidad del cuidado de los hijos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
Al otro día de su anuncio, una nota en el diario La Capital daba cuenta de una cifra que sabíamos, pero que no deja de alarmar: el 70% de los homicidios del 2013 tiene como víctimas y protagonistas a jóvenes de los barrios más humildes de nuestra ciudad.
Frente a un proyecto de ciudad que no deja otra salida para los pibes de los barrios más humildes que la violencia y el narcotráfico, como lugar de identidad, adhesión y respeto, el PROGRESAR abre un camino distinto, planteando la inclusión en la educación como una herramienta de igualación y proyección social.
Un horizonte de vida que reponga la pertenencia de los pibes al barrio y la ciudad, es el desafío de todo Estado que aspire a construir una sociedad con igualdad de oportunidades, como aporte imprescindible para dar solución de fondo al drama de violencia y muerte que atraviesan el día a día de nuestra Rosario.

(*) Foro Rosario para Todos.

"Pensar la ciudad", El Argentino (edición Rosario), 20-01-14.

Por Sebastián Artola (*).
La semana pasada se puso en marcha la anunciada “policía comunitaria” en la ciudad de Santa Fe. En marzo debutaría en nuestra ciudad. Empieza en Bº Las Flores como “prueba piloto”. Y en un segundo momento, se replica en Tablada y Ludueña.
Como complemento, se publicitó que ya está en marcha la instalación de 400 cámaras de videovigilancia en Rosario, y otras 200 en la ciudad de Santa Fe.
La política de seguridad pública del gobierno provincial está en la lupa y el “Plan de Seguridad Democrática”, anunciado con bombos y platillos, en noviembre de 2012, como respuesta a la detención del ex jefe de la policía provincial Hugo Tognoli por vínculos con el narcotráfico y la espiral de violencia que sufre nuestra ciudad, todavía no muestra muchos resultados.
Al menos así, lo grafican las estadísticas de una ciudad que en el 2013 tuvo 264 homicidios en todo el departamento y vio en los últimos tres años como se duplicaron la cantidad de asesinatos. Con una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, Rosario cuadriplica la media nacional y triplica la de Córdoba, una ciudad con dimensiones demográficas muy parecidas a la nuestra.
En este marco, una profunda reforma policial y la democratización del Poder Judicial son imprescindibles, como también una presencia del Estado en el territorio, que sufrió un vaciamiento y desmantelamiento en sus políticas de desarrollo social como de salud, que permita empezar a construir una ciudad con inclusión e igualdad de oportunidades.
El debate sobre una policía local hay que darlo, siempre y cuando forme parte de un diseño estructural que permita reponer la conducción política y el control social sobre la fuerza, cortar los vínculos con el delito y avanzar en una presencia preventiva en el territorio.
Frente a este desafío, la “Policía Comunitaria” o “de proximidad” en nuestra ciudad no es ni chicha ni limonada. Que se suma a la existente Guardia Urbana Municipal (GUM), con objetivos y sentidos, por momentos, poco claros y superpuestos.
Lo mismo para las cámaras de videovigilancia. Si se inscriben en una profunda reforma policial, en el respeto a los derechos individuales y están a cargo de una autoridad pública que responda a una estrategia de lucha contra el delito, pueden ser una herramienta que contribuya a la prevención e investigación.
Lo contrario, no pasa de un negoción de 60 millones de pesos para la empresa que las vendió, un poco de publicidad para el gobierno y la posibilidad de recaudar más por infracciones de tránsito.
Así las cosas en nuestra Rosario, en medio del calor que no afloja, cortes de luz y una nueva embestida de las palometas en La Florida.
(*) Foro Rosario para Todos. 

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 13-01-14.

Por Sebastián Artola (*).
Este fin de semana la “ciudad turística” vivió su fiebre de éxtasis. Con el paso del rally Dakar Rosario (o mejor dicho, una parte de ella) pudo mostrarse al mundo. Fue visitada por miles personas que colmaron los hoteles de la ciudad y estuvo en boca de numerosísimos medios internacionales.
Pero mientras el rally partió rumbo a Córdoba y San Luis, la Rosario de todos los días sigue, intacta, con sus contrastes profundos, dramas irresueltos y voces silenciadas.
El asesinato de Luis Medina, el pasado 29 de diciembre, habla de una ciudad que no encuentra calma. Con 257 homicidios en el 2013 Rosario es rehén de la violencia desatada por el narcotráfico y su connivencia con la policía.
Desde el Triple Crimen de Villa Moreno al procesamiento del ex jefe de la policía provincial Hugo Tognoli, la trama de complicidades entre narcos y fuerza policial se volvió evidente, salvo para quienes quieren esquivar el bulto viendo “operaciones” políticas o mediáticas (léase, Binner y compañía).
Ahora bien, nada de esto hubiese sido posible sin la falta de conducción política sobre la policía. Por ahí pasa la punta del ovillo para su resolución.
Por suerte, la ola de calor dio un respiro, pero eso no alivia la causa de los cortes de luz y el pésimo servicio de aguas.
Lo de Antonio Ciancio (ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia) diciendo que "las inversiones que se han hecho han sido puestas a prueba y han dado los resultados que esperábamos" fue un sincericidio.
A la bajísima inversión que la EPE hizo en todo este tiempo (incluso disminuyendo lo invertido en Rosario en el último año), sumado a una subejecución de lo presupuestado para obras y equipamiento que se calcula en un 40% en los últimos 5 años, y con la tarifa más cara del país, no podía corresponderle otro resultado que el desastroso servicio de luz que estamos padeciendo.
Mientras las motos, autos y camiones del rally Dakar llegaban a nuestra ciudad, muchísimos vecinos seguían sin luz y agua (para algunos como parte de la “normalidad” que viven buena parte del año), y se cumplían dos años del Triple Crimen de Villa Moreno, donde tres pibes fueron víctimas de las balas del narcotráfico.
Seguramente, los que visitaron nuestra ciudad poco supieron de estas realidades. Tampoco es obligación que así sea. Pero para nosotros es la “realidad” de la ciudad en la que vivimos y aspiramos a transformar. Y queremos que las autoridades locales y provinciales den cuenta de las responsabilidades públicas por las que fueron elegidos.
Por eso decimos, Jere, Mono y Patón presentes, ahora y siempre! Ni un pibe menos por la violencia del narcotráfico y la policía santafesina.


(*) Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 28-12-13.

Por Sebastián Artola (*).
El nuevo aumento del boleto del transporte urbano el pasado jueves en una escandalosa sesión en el Concejo municipal nos deja dos conclusiones.
La primera, ya la planteamos en otras oportunidades. El gobierno municipal gestiona un servicio que es público como si fuese una empresa privada. De otro modo no se explica que ante cada aumento de costo del boleto la variable de ajuste sea siempre la misma: el usuario.
Pensar al transporte como un servicio público y, en consecuencia, como un derecho, significa asumirlo como un bien que debe ser sostenido por el conjunto de la sociedad, y principalmente por los sectores con mayor capacidad contributiva de la ciudad.
Lo contrario - es decir, concebirlo como una mercancía que paga el que puede - lleva a definirlo como una relación entre partes (prestatario y usuario) y, en consecuencia, a trasladar siempre el ajuste sobre éste último.
En más de veinte años de gestión, el “socialismo” siguió atado a un concepto empresarial sobre el transporte, y esto explica tanto su fracaso en su política de servicios públicos como la promesa incumplida desde Binner a Mónica Fein sobre la creación de un nuevo sistema de transporte para la ciudad.
La segunda conclusión tiene que ver con el acuerdo político que se dio en el Concejo municipal para el aumento del boleto. Que sólo el PRO haya votado en contra habla a las claras de la ausencia de una representación de los laburantes y los que menos tienen en la política local. No merece mucha explicación entender que la posición del PRO obedece más a un cálculo de posicionamiento con miras al 2015, que a una sensibilidad con el bolsillo de los usuarios del transporte.
Pero el problema no está ahí sino en quienes dicen representar a los vecinos de los barrios más humildes y votan en su contra, en nombre de una “gobernabilidad” y “responsabilidad”, en su sentido más complaciente y timorato, que – sabemos - siempre termina beneficiando el status quo y los intereses de unos pocos en perjuicio de las mayorías sociales y la política como acto de transformación.
Durante las últimas semanas la empresa Rosario Bus extorsionó al municipio con amenazas de despedidos sino aumentaba el boleto. La propia intendenta había dicho hasta hace poco que no estaba previsto un nuevo aumento y muchos de los que votaron a favor en campaña sostuvieron que harían lo contrario.
Un municipio y una dirigencia política local con decisión y coraje para hacer política en beneficio del interés colectivo y las mayorías deberían haber planteado la rescisión de la licitación de las líneas que tiene Rosario Bus y su municipalización.
Sin embargo, agacharon la cabeza ante los aprietes. Queda más que nunca abierta la necesidad y el desafío de una representación política en nuestra ciudad nacida desde abajo, el compromiso diario con nuestros vecinos, y con el coraje de hacer política en beneficio del conjunto y no de los negocios de unos pocos.


(*) Foro Rosario para Todos.

"Pensar la ciudad", El Argentino (edición Rosario), 30-12-13.

Por Sebastián Artola (*)
En medio de la ola de calor, los cortes de luz y agua, y como “regalito” de navidad, el concejo municipal aprobó el pasado lunes 23 un nuevo aumento de la TGI.
Como en la suba del boleto del transporte urbano, en nombre de una “gobernabilidad” y una “responsabilidad” que golpea a los mismos de siempre, hubo un acuerdo en el concejo para aumentar un 19,5 promedio la Tasa General de Inmuebles.
Es lamentable - y difícil de explicar - la posición de bloques que, en vez de estar defendiendo los bolsillos de los trabajadores y los más humildes, son funcionales a la lógica de ajuste permanente del ejecutivo municipal sobre los que menos tienen.
La historia es repetida: aumenta el boleto, aumenta la TGI, pero los servicios nunca mejoran, más allá de los esfuerzos publicitarios para mostrar lo contrario.
Más difícil aún es tratar de disfrazar de progresista o equidad tributaria el nuevo aumento.
De los seis radios en que se divide la ciudad, sólo el radio número 4 (integrado por el FONAVI de Rouillón y Bv. Segui, Bº Toba, Mangrullo y La Cerámica) no vieron aumento alguno.
Los restantes donde viven todos los sectores medios y el grueso de los sectores más humildes de nuestra ciudad – es decir, los radios 1, 2 y 3 - sufrieron un aumento promedio del 16,3%.
Queda claro, una vez más, el miedo de tocar a los sectores con mayor capacidad contributiva de la ciudad, en beneficio del interés colectivo y, sobre todo, de los que menos tienen.
Como también, queda claro, el desafío de construir una opción política alternativa y superadora que reponga una mirada de conjunto sobre la ciudad, defienda a los que menos tienen y abra la posibilidad de un desarrollo urbano más armónico y equilibrado en nuestra querida Rosario.

(*) Foro Rosario para Todos, 

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 09-12-13.

Por Sebastián Artola.
El sábado se hizo la reapertura de la Biblioteca Popular Vigil, símbolo de lucha y resistencia. Pero también de la desmemoria, la indiferencia  y el vaciamiento que marcó a nuestro país por décadas.
La Vigil fue una de las experiencias culturales y pedagógicas más importantes de Latinoamérica. Con 21 mil socios, llegó a tener 600 empleados, 25 bibliotecarios, con un préstamo promedio diario de mil libros, 2500 alumnos en los niveles primario y secundario, con doble escolaridad, una caja de ayuda mutual, una guardería, un Centro Materno Infantil, un Observatorio Astronómico y una Universidad Popular que formaban la escuela de Música, de Teatro, de Artes, y de Capacitación.
En 1977 fue intervenida y saqueada por la última dictadura cívico-militar, y 23 socios fueron desaparecidos. En 1981 la intervención entrega los inmuebles al gobierno provincial. El por entonces ministro de Educación y Cultura de la dictadura, Eduardo Sutter Schneider (docente en la carrera de Ciencia Política de la UNR hasta el 2002), sostuvo: “el proyecto de la Vigil, había sido confundida con ideas opuestas a nuestro ser nacional”.
Con el retorno a la democracia, vecinos, empleados y socios impulsaron la “Comisión de Recuperación”. Pero el destino de la Vigil no sería la excepción al manto de olvido e impunidad que modelaba una Argentina para muy pocos, mientras la gran mayoría naufragaba en la exclusión social, económica y cultural.
Tras 35 años de lucha, en el 2012, fue posible la aprobación de una ley en la legislatura provincial que estableció la restitución de los bienes a la Biblioteca. Y el pasado miércoles se hizo el traspaso oficial de los bienes.
Son incontables las anécdotas de resistencia que hoy hacen posible esta reapertura: la mesa de la comisión directiva que un vecino guardó en su casa durante años para salvarla del destrozo militar y devuelve ahora; los libros que se escondieron y zafaron de la quema; el disco de pasta “Música Popular Argentina” editado por La Vigil y atesorado durante años en una casa, etc.
Hoy La Vigil reabre sus puertas al Barrio Tablada y a toda la ciudad de Rosario. Un acto de reparación, una nueva conquista de este tiempo signado por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y, fundamentalmente, un ejemplo a recuperar para una política cultural pensada como el protagonismo activo de una comunidad, con sus barrios, voces, palabras e identidades, en la construcción de una ciudad más inclusiva e integrada.

(*) Foro Rosario para Todos.

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