Por Sebastián Artola (*).
La semana
pasada se puso en marcha la anunciada “policía comunitaria” en la ciudad de
Santa Fe. En marzo debutaría en nuestra ciudad. Empieza en Bº Las Flores como
“prueba piloto”. Y en un segundo momento, se replica en Tablada y Ludueña.
Como
complemento, se publicitó que ya está en marcha la instalación de 400 cámaras
de videovigilancia en Rosario, y otras 200 en la ciudad de Santa Fe.
La
política de seguridad pública del gobierno provincial está en la lupa y el
“Plan de Seguridad Democrática”, anunciado con bombos y platillos, en noviembre
de 2012, como respuesta a la detención del ex jefe de la policía provincial
Hugo Tognoli por vínculos con el narcotráfico y la espiral de violencia que
sufre nuestra ciudad, todavía no muestra muchos resultados.
Al menos
así, lo grafican las estadísticas de una ciudad que en el 2013 tuvo 264
homicidios en todo el departamento y vio en los últimos tres años como se
duplicaron la cantidad de asesinatos. Con una tasa de 22 homicidios cada 100
mil habitantes, Rosario cuadriplica la media nacional y triplica la de Córdoba,
una ciudad con dimensiones demográficas muy parecidas a la nuestra.
En este
marco, una profunda reforma policial y la democratización del Poder Judicial
son imprescindibles, como también una presencia del Estado en el territorio,
que sufrió un vaciamiento y desmantelamiento en sus políticas de desarrollo
social como de salud, que permita empezar a construir una ciudad con inclusión
e igualdad de oportunidades.
El debate
sobre una policía local hay que darlo, siempre y cuando forme parte de un
diseño estructural que permita reponer la conducción política y el control
social sobre la fuerza, cortar los vínculos con el delito y avanzar en una
presencia preventiva en el territorio.
Frente a
este desafío, la “Policía Comunitaria” o “de proximidad” en nuestra ciudad no
es ni chicha ni limonada. Que se suma a la existente Guardia Urbana Municipal (GUM), con objetivos y sentidos, por momentos, poco claros y superpuestos.
Lo mismo para las
cámaras de videovigilancia. Si se inscriben en una profunda reforma policial,
en el respeto a los derechos individuales y están a cargo de una autoridad
pública que responda a una estrategia de lucha contra el delito, pueden ser una
herramienta que contribuya a la prevención e investigación.
Lo contrario, no
pasa de un negoción de 60 millones de pesos para la empresa que las vendió, un
poco de publicidad para el gobierno y la posibilidad de recaudar más por
infracciones de tránsito.
Así las cosas en
nuestra Rosario, en medio del calor que no afloja, cortes de luz y una nueva
embestida de las palometas en La Florida.
(*) Foro Rosario para Todos.