Decir
que el “socialismo” en Rosario se viene derechizando no es ninguna novedad.
Ante
la falta de respuestas a los problemas estructurales de la ciudad, tras más de
20 años de gobierno, a la violencia generalizada que sacude la provincia y el
descontento creciente en la ciudadanía, el
control, la persecución y el silenciamiento parece ser la vuelta de tuerca final
a la que recurre el oficialismo para intentar recomponer su hegemonía cultural
fracturada.
El “blindaje mediático” es una
pata. La presión
sobre periodistas y la injerencia en los contenidos de los medios audiovisuales
y gráficos de la ciudad son realidades cotidianas y profundizadas en los
últimos tiempos.
La Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana, es la
otra. Creada hacia fines del 2013, cuando el Estado
municipal empezó a hacer agua por todos lados, tiene a cargo la Guardia Urbana Municipal (GUM),
Control Urbano, Inspección, Tránsito, el monitoreo del transporte y las cámaras
de seguridad.
No
es casualidad que su actual secretario, Pablo Seghezzo, sea el
funcionario con más visibilidad del municipio, y probable candidato a concejal
por el oficialismo.
La clausura de espacios culturales
durante todo el pasado año; la costosísima e inverosímil campaña de “Publicidad
No Autorizada” (pegando fajas oficiales sobre afiches en lugares
prohibidos, en una doble violación de la ordenanza, ésta vez a manos de la
propia municipalidad); el vergonzoso papel de la GUM persiguiendo artistas
callejeros, artesanos, vendedores ambulantes o militantes, con la realidad de violencia que vive nuestra ciudad y la
falta de respuestas en materia de seguridad pública, son algunos ejemplos.
Recordemos las lamentables imágenes de las fajas de
“Publicidad No Autorizada” sobre afiches que pedían Justicia para Jere, Mono y
Patóm, como si la lucha contra la impunidad debiera pedir autorización, o de la
GUM golpeando a un vendedor ambulante y deteniendo un titiritero en la peatonal, hacia fines
del año pasado.
En la
Rosario “cultural” y “turística” promocionar en el espacio público una obra de
teatro, un recital, manifestar un reclamo social o difundir una propuesta
política está prohibido (¿?). Sólo lo podes hacer si pagas una cartelera.
El gobierno
que se llena la boca hablando de democracia y participación ciudadana, censura
mediante ordenanza y judicializa la militancia y las distintas expresiones sociales y
culturales de la ciudad.
Paradojas de
un “socialismo al revés” que socializa la falta de oportunidades, los aumentos
de impuestos y los pésimos servicios públicos, mientras privatiza el espacio
público y cuida los negocios de unos pocos.
Crónica anunciada para un gobierno que
eligió representar los bolsillos de los grandes emprendimientos comerciales y
la especulación inmobiliaria, en vez de construir una ciudad con la voz y el
protagonismo de todos, defendiendo el bien común y la calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas.
La nueva ofensiva del Municipio forma parte de esta
historia reciente. Perfil que sobreactúan más que
nunca, frente al fracaso de la política de seguridad pública y en un año que es
electoral, según deben aconsejar las agencias de marketing y consultoras que
asesoran al oficialismo y el “coaching ontológico” personal de la Intendenta Mónica
Fein.
Claro está, control hacia todos los que
cuestionamos el actual proyecto económico, social y cultural que gobierna
Rosario. Porque con los emprendimientos
privados que violan el libre acceso a la costa del río – según lo establece el
Código Civil vigente (Ley Nº 17.711, Arts. 2639 y 2640) -; pagan cánones irrisorios en función de la
superficie ocupada; tienen habilitaciones vencidas y, en algunos casos, hasta CUIT
caídos; deben millones al municipio de DReI (Derecho de Registro e Inspección);
incumplen el uso público irrestricto de los baños, más allá de ser cliente o
no, sancionado en la Ordenanza N° 7.180/01 – donde se prevé, en caso de
incumplimiento, multas y clausuras, tal como establece la modificación N°
7.830/05 - … con ellos, no pasa nada.
Ni que hablar de una tragedia como la
del Parque de Diversiones, que se llevó la vida de dos hermanas, de 12 y 14 años, en agosto del 2013. Donde,
en 10 años (¡!), no hubo un sólo control por parte del municipio a los juegos
mecánicos.
O sea, doble vara en el uso del espacio público. Para la mercantilización y
los negocios de unos pocos: vía libre e impunidad. Para las manifestaciones
sociales, culturales y políticas críticas: prohibición y multas.
Es más: doble vara de la doble vara. Porque la aplicación de la sanción varía
según quien sea el que incumple.
La prohibición incluye también a los
pasacalles (Ordenanza N° 8.324, art. 18°). Algo que el propio oficialismo nunca
dejo de colgar. Claro está: a esos nunca los sacan y multan.
Vale recordar el incumplimiento, en las
primarias del 2013, de la Ley Provincial N° 13.235 que establece espacios
gratuitos en televisión y radio para todos los candidatos a cargos provinciales
y municipales. Y recién, por lo
insostenible de la situación, tuvo que poner en práctica – a medias – en la
elección general.
Y también cuando difundíamos nuestra propuesta en el
Transporte Urbano y los choferes nos decían que desde el Municipio se le había
bajado línea para que nos prohíban hacerlo.
Hace unos días 6 agentes de la GUM detuvieron a un
grupo de compañeros y les incautaron los afiches. En medio del maltrato y la
prepotencia que los caracteriza, una agente pregunta: “Y éste Artola con quién
esta, con Cristina, no?”. Cuando nuestros compañeros les pidieron
identificación (nombre y apellido) se negaron a hacerlo y se retiraron
rápido. Sólo pudieron anotar la patente
del móvil: LYJ 328.
El color político también define si se aplica o no
la sanción.
En conclusión: al “socialismo” poco y nada le interesa el cuidado del espacio público,
sino muchas plazas y lugares de
encuentro – sobre todo, de los barrios - no estarían en el estado de abandono
en que se encuentran. Un ejemplo de estos días de verano es La Florida. Con
muy pocos baños públicos y cestos de basura, sin bebederos y los
pastos largos, el único balneario público de la ciudad presenta condiciones
lamentables en comparación con los lugares concesionados.
Y si poco interesa el cuidado de los
espacios públicos, menos aún el libre acceso al mismo. Hacer negocios con lo que es de todos, es la cuestión. Y aquél que no
se adecué a la lógica de mercado es multado.
Y más cuando ese uso es de una voz
crítica. Si, realmente, fuese de interés
el cuidado, la limpieza y el acceso de todos al espacio público, ¿por qué el
municipio no termina con el negocio de las carteleras y permite a través de
ellas la promoción y difusión, de modo gratuito, según rubros, de las diferentes
propuestas culturales, sociales y, también, políticas de la ciudad?
Con esto, santo remedio!
Parece mucho pedir para un gobierno que ni siquiera hace cumplir la
Ordenanza Nº 8324 (art.
41º, inciso 9 –C) la cual plantea que “Las agencias y/o empresas de publicidad,
deberán ceder gratuitamente, treinta (30) días previos a la fecha de elecciones
municipales primarias y generales el 25% de los elementos publicitarios (EP),
con que cuentan cada una de ellas, para ser utilizado por cada una de las
listas oficializadas en el Colegio Electoral.
Los EP se adjudicarán en forma igualitaria entre las mismas y será
establecido en la reglamentación vigente, con participación de los
representantes de las listas”.
Pero el negoción de las carteleras es más fuerte: 3
empresas (Metrópoli, Medios Litoral y Viamax) controlan el mercado, a través de
licitaciones directas del municipio, sin intervención del Concejo Municipal –
cuando la Ley provincial Orgánica de Municipios sostiene que las concesiones
sobre espacios públicos deben ser autorizadas por los Concejos Municipales - y
cero transparencia sobre los pliegos, condiciones y cánones que pagan.
En vez de seguir el ejemplo de la Ley
de Reforma Política, sancionada en el Congreso Nacional, en el 2009, que
permite el acceso el acceso gratuito e igualitario a los medios audiovisuales a todos los partidos políticos, significando un paso más
que importante para la democratización del sistema político y la justa
distribución de la palabra, el “socialismo” ya no
sabe que prohibir y multar, para seguir recaudando y silenciar las voces
críticas que no puede comprar.
Más
hipocresía imposible: por un lado, multan a los que pegan afiches en lugares
públicos; pero por el otro, incumplen las ordenanzas sancionadas por el propio
Concejo municipal que establece el acceso gratuito de todos a los espacios de
publicidad.
Prohibir
pegar afiches en espacios públicos, obliga a recurrir a las carteleras pagas.
El negocio es redondo. Y el municipio actúa como custodio y garantía de las
empresas privadas.
Esta es la
discusión de fondo que nos debemos en la ciudad: democratizar y recuperar el
acceso de todos al espacio público - que por definición debería ser así - o seguir
atados a la exclusión y el silenciamiento que genera su privatización y
mercantilización, como se viene profundizando en los últimos años.
Mientras ellos cuidan los negocios de unos pocos.
Nosotros seguimos construyendo – con militancia y convicción inquebrantable - el
sueño posible de una Rosario donde todos tengamos derecho a vivir dignamente en
nuestra ciudad.
Sebastián Artola
Pre-candidato a Concejal
Rosario para la Victoria – FPV
23 de enero de 2015
