Por Sebastián Artola.
La realidad habitacional de nuestra ciudad no es nueva. Por el
contrario, es una de las marcas más contundentes del crecimiento económico sin
inclusión social que caracterizó a Rosario en todos años.
El llamado “boom inmobiliario”, sin regulación estatal y bajo una
planificación urbana hecha a medida de la especulación y los negocios de unos
pocos, tuvo como contrapartida el aumento del déficit habitacional, el
crecimiento de los asentamientos irregulares por la ausencia de políticas de
urbanización y el deterioro creciente de la calidad de vida de cada vez más
rosarinos.
La falta de políticas de vivienda, tanto del municipio como de la
provincia, al punto que es imposible saber - por la inexistencia de información
pública - cuántas viviendas fueron efectivamente construidas y entregadas en
estos años, marcan las prioridades de un Estado que se puso de rodillas frente
a los grandes emprendimientos comerciales y la especulación inmobiliaria,
olvidando su papel imprescindible en la igualación de oportunidades y en la
promoción de derechos.
Ni hablar de una planificación que mire a la ciudad en su conjunto y
tenga como prioridad la calidad de vida de sus habitantes, a través de una
política de inversión en obras públicas estratégicas y una regulación estatal, en
correspondencia con el crecimiento poblacional que tuvo la ciudad y la nueva
fisonomía que fue asumiendo, garantizando a todos los servicios públicos elementales,
la defensa del espacio público de su mercantilización y el cuidado del medio
ambiente.
La ciudad se debe una discusión profunda sobre su proyecto de
desarrollo. Los resultados están a la vista y son conocidos por todos.
Un nuevo proyecto colectivo que promueva un desarrollo integral y más
armónico de la ciudad, sigue siendo nuestro principal desafío.