Por Sebastián Artola.
Si un problema no se reconoce es imposible solucionarlo. Las declaraciones del Ministro de Seguridad Raúl Lamberto diciendo
que se garantizó la seguridad en “hechos importantes”, por no haberse producido
ningún homicidio durante los saqueos, el conflicto policial y la realización
del rally Dakar, resultan una
tomada de pelo. Mientras decía esto, el primer mes del
año terminaba con 32 homicidios, un 39% más que en enero del 2013.
Pero esto no fue todo. En la misma entrevista sostuvo como
característica común de los homicidios, la condición de ser "crímenes
interpersonales". Es decir, “disputas entre vecinos, familiares, personas
que se conocen entre sí”, a modo de quitar la responsabilidad del Estado y la
ineficacia de una política de seguridad pública, bajo el reiterado estigma, que
afirma la idea de una cultura violenta en las zonas periféricas, que los llevaría
a resolver sus peleas mediante el ejercicio de la violencia, haciendo casi
imposible su prevención.
Y para rematarla, defendió que “la policía es más confiable hoy
que en otros tiempos” y “bastante diferente a la que había tiempo atrás”.
Cuando no hace falta mucha estadística para comprobar el desprestigio que hoy
tiene la fuerza entra los vecinos de la ciudad y la provincia.
Ahora bien, como sostuvimos al principio. Si no hay un
reconocimiento del problema, este tipo de desvaríos son casi inevitable. Cuando
el primer paso no está dado, todo lo que se viene después no son más que
palabras, puestas en escena o fotos para los medios, tratando de tapar el sol
con las manos y justificar lo injustificable.
En nuestra ciudad, las causas de la violencia tienen como fondo el
crecimiento exponencial del narcotráfico en los últimos años. Basta con ver
cómo la curva en brutal ascenso de la tasa de homicidios marcha de la mano con
la expansión y penetración del narcotráfico en el territorio de la ciudad.
Y la realidad del narcotráfico se inscribe sobre dos planos
entrelazados. En primer lugar, un plano policial-judicial. Sin la connivencia
con una policía que no tiene conducción política y la impunidad que garantiza el
poder judicial, nunca hubiese sido posible semejante expansión del
narcotráfico. La implicación estructural con la policía y el poder judicial,
permitieron su formación, reproducción y ampliación. De otro modo, no habría forma de explicar cómo circulan y
se blanquean los dos mil millones de pesos que mueve por año el narcotráfico en
nuestra ciudad.
Por el otro, un plano social-cultural. El saldo de un Estado
municipal que marchó, en todos estos años, detrás de la especulación
inmobiliaria en detrimento del derecho de todos a vivir dignamente en la
ciudad, con una ausencia de propuestas de integración y proyección juvenil, no dejó otra salida para muchos jóvenes de los
barrios más humildes que el delito y el narcotráfico, como posibilidad de
subsistencia, pero también como lugar de reconocimiento, identidad y respeto,
frente a un proyecto de ciudad que los niega e invisibiliza.
Si por acá pasa la punta del ovillo, y se encara con decisión
política, más encaminados vamos a estar para empezar a dar respuestas a una
sociedad que las espera y necesita, y, por supuesto, otras serán las
declaraciones que escuchemos de los funcionarios responsables de la seguridad
pública de la provincia.
(*) Foro Rosario para
Todos.