Por Sebastián Artola (*).
La especulación con los precios por parte de las grandes
empresas y los supermercados, hizo de la economía el tema de discusión pública principal
en estas últimas semanas. Y esta bueno que así sea.
Durante décadas se había instalado la idea de que la economía
era cuestión de “expertos”, quedando en manos de unos pocos, que con un
lenguaje técnico y casi indescifrable, tomaban decisiones que se presentaban
como las únicas posibles, mientras la gran mayoría padecía sus consecuencias.
Eran los años neoliberales, donde la política acataba, como
si fuesen verdades absolutas, todo lo que decían los grandes grupos económicos,
los organismos financieros internacionales y sus economistas.
Desde el 2003 la historia empezó a ser de otra manera. La
política volvió a ser el centro ordenador de la vida social, económica y
cultural de todos los argentinos, recuperando la soberanía perdida y reponiendo
su condición transformadora.
No es otra la puja que se juega por estos días: o la economía
la dirigen los grupos de poder concentrados en función de su tasa de ganancias,
o la dirige el Estado y la política en beneficio del conjunto de la sociedad.
Sobre esta tensión, es posible pensar muchos de los problemas
irresueltos en nuestra ciudad.
El déficit habitacional creciente en los últimos años, con
más de 60 mil familias sin su propia casa, mientras hay 80 mil viviendas
deshabitadas, es el resultado de un Estado local que marchó detrás de los
intereses de la especulación inmobiliaria, sin ningún tipo de regulación, perdiendo
su capacidad de transformación e igualación de oportunidades.
Lo mismo para una planificación urbana hecha a medida del
sector privado, permitiendo la construcción de edificios bajo ordenamientos
urbanos sancionados hace cuarenta años, colapsando los servicios públicos, en
perjuicio de la calidad de vida de los vecinos, mientras buena parte de la
ciudad aún espera obras de infraestructura básicas (desde pavimento a cloacas) y
de urbanización, para dar respuesta a los más de doscientos mil
rosarinos que viven en 110 asentamientos irregulares.
Y ni que hablar del privilegio que gozan los grandes
establecimientos comerciales, en perjuicio de los pequeños y medianos
comercios, las ferias de artesanos, las ferias populares de los barrios, las
huertas comunitarias o los mercados de productores. La falta de políticas de reconocimiento,
fortalecimiento y promoción de estos sectores, en torno a las cuales viven
miles de familias y significan un mercado con precios mucho más accesibles,
habla a la claras de un proyecto de ciudad que tiene su interés puesto en la
concentración del comercio en manos de los shopping y supermercados.
Un Estado que mire a la sociedad de conjunto y defienda el
bienestar colectivo, por sobre los negocios de algunos pocos, es el desafío principal
de nuestros tiempos, para la cual es imprescindible el compromiso activo de
todos los que queremos seguir construyendo un país para todos y aspiramos a
vivir en una Rosario más justa y armónica.
(*) Foro
Rosario para Todos.