Por Sebastián
Artola (*).
El operativo llevado
adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pasado miércoles en
nuestra ciudad, marca el fracaso de una política de seguridad del gobierno
provincial que marchó siempre detrás de los acontecimientos.
Desde la
denuncia pública que llevó a la renuncia del ex jefe de la policía Hugo
Tognoli, que al principio fue vista por las autoridades provinciales como una
“operación política”, hasta el desplazamiento de la cúpula de la División
Judiciales de la Unidad Regional II, en el ojo de la tormenta tras la entrevista
televisada una semana atrás por el canal América 24 con el prófugo
"Monchi” Cantero, señalado como el líder de la banda de Los Monos.
La falta de
decisión política para enfrentar la trama del narcotráfico, el encubrimiento y
el pacto con los actores que explican su crecimiento exponencial, son las
causas para que nuestra ciudad tenga la triste condición de ser la más violenta
del país, con casi un homicidio por día en lo que va del año 2014, cuatro veces
más que la media nacional.
Por supuesto
que la intervención de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal lejos está
de ser una solución en sí misma, pero es mucho más que una mera puesta en
escena y poco tiene que ver con la idea de una “militarización” del territorio,
como escuchamos desde algunas voces críticas en estos días.
Su presencia
es celebrada por los vecinos de los barrios más humildes y esto algo nos dice. Acostumbrados
a ver el patrullero pasar por el “kiosquito” a cobrar la cuota mensual a cambio
de protección y liberar la zona, por primera vez, reconocen una fuerza de
seguridad cumpliendo un rol de prevención y disuasión del delito, sin violencia
y represión.
Queda ahora la
posta a manos del gobierno provincial. Transformar de modo estructural la policía
santafesina y reponer su conducción política, bajo control civil, es ya una
obviedad decirlo, pero sigue pendiente. Reformar el Poder Judicial provincial también.
Sin avanzar sobre estas dos cuestiones será muy difícil desarticular la trama profunda
de acuerdos y negocios que sostienen al narcotráfico en Rosario.
Para el
municipio queda la indispensable tarea de igualar oportunidades e incluir a los
barrios que vieron por televisión el “boom” de la ciudad, revirtiendo la matriz
de crecimiento sin inclusión social que caracterizó a Rosario en todos estos
años. Políticas de urbanización y vivienda, obras públicas elementales como
desagües o, incluso, zanjeo en muchos barrios, acceso a servicios públicos dignos,
inserción educativa y laboral de los más jóvenes, y promoción de espacios
recreativos, culturales y deportivos en los barrios, son deudas internas de una
gestión que gobierna Rosario hace veinte años y forman parte de la construcción
de un marco de seguridad pública real y efectivo.
El trabajo mancomunado
entre municipio, provincia y nación, y la centralidad del rol transformador del
Estado es el camino. Garantizar el derecho a la ciudad a todos los vecinos, como
la decisión del poder político provincial de llevar adelante con coraje las
tareas que hasta ahora no se hicieron, son condición para modificar el estado
de cosas. Sólo así será posible reconstruir una convivencia en paz para nuestra
ciudad, desde una mirada integral sobre la seguridad pública.
(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR.
Miembro del Foro Rosario para Todos.