Por Sebastián Artola (*).
En buena
hora la presencia de las fuerzas nacionales de seguridad parece abrir un debate
sobre los modos de intervención del Estado y su relación con el territorio en
nuestra ciudad.
En todo
este tiempo, la norma había sido la violenta disputa entre bandas narcos en
zonas liberadas de la ciudad, mientras buena parte de la dirigencia política
local y provincial miraba desde afuera, a modo de comentaristas sin
conocimiento sobre lo que sucedía en barrios que poco pisaban, un Estado que
siempre llegaba tarde, cuando llegaba, y con muy pocas voces que osaran
repensar su rol y poner en cuestión las estrategias de desarrollo urbano
oficiales.
En
primer lugar, la política de derrumbar bunkers de venta de drogas no es lo
mismo si queda sólo en una foto para los medios, mientras la policía provincial
después pasa como todas las semanas a cobrar la “cuota” a cambio de protección
y liberar la zona, tal como sucedió hasta ahora. Que si forma parte de una
estrategia que busca pacificar y disminuir los niveles de violencia, a través
de una presencia permanente no represiva de las fuerzas de seguridad, bajo un
rol de prevención y disuasión del delito.
Por más
que el búnker sea el último eslabón en la cadena del narcotráfico, no hay que
subestimarlo, como plantean ciertos “progresismos” abstractos. Su proliferación
en los barrios fue alterando la cotidianeidad, sembrando miedo, fragmentando el
tejido social y clausurando el espacio público.
Los
vecinos poco a poco se vieron encerrados en sus casas, casi sin poder estar en
las veredas, entrando y saliendo a las corridas, esquivando balas, bajo el
desamparo total del Estado.
El
cierre efectivo del “kiosquito” es necesario para el desarme en los barrios, la
recuperación y pacificación del territorio.
En
segundo lugar, algo que venimos diciendo y escribimos en esta misma columna el
pasado lunes. Una política de seguridad pública no se agota en las propias
fuerzas de seguridad, ni pasa exclusivamente por tener una presencia distinta
de la policía y las fuerzas federales en el territorio, la reposición de su
conducción política, la recuperación de la cadena de mando al interior de la
fuerza provincial o por un compromiso genuino del Poder Judicial.
Repensar
de conjunto el Estado es la tarea imprescindible. Una nueva política de
desarrollo urbano inclusiva, que no marche detrás de la especulación
inmobiliaria; la recuperación del perfil productivo de la ciudad, a través de
la promoción de las pequeñas y medianas empresas, y las economías populares,
que permitan la integración laboral de los vecinos que
hoy quedan afuera; y una política cultural pensada no como mero show y
espectáculo, sino que habilite un sentido de pertenencia distinto de los más
jóvenes a la ciudad y un horizonte de vida, son desafíos abiertos que hacen a
una política de seguridad pública, que para ser efectiva (algo que también
hemos dicho) debe ser integral y garantizar a todos el derecho a la ciudad.
Las
cartas están echadas y las posibilidades también. Del compromiso y el
protagonismo de todos, hoy más que nunca, depende empezar a construir un
presente distinto.
(*)
Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario
para Todos.