“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 30-06-14.

Por Sebastián Artola
La prohibición de estacionar en el centro de nuestra ciudad, aprobada el pasado jueves en el Concejo Municipal, no hace más que favorecer el negocio de las cocheras privadas y los grandes establecimientos comerciales, al profundizar el vaciamiento de la actividad comercial en el centro.
Descomprimir el tránsito, empieza por un buen servicio de transporte público y un diseño distinto de recorrido por la ciudad, algo que el “socialismo” viene prometiendo hace casi 20 años, desde que Binner era intendente, y hasta hoy, ni noticias.
Por acá pasa la punta del ovillo. Sin un nuevo sistema de transporte público, y sin lugares gratuitos y públicos alternativos de estacionamiento, queda sólo en un negocio para pocos, y lejos estamos de una solución real al problema de un parque automotor que creció en los últimos diez años un 60 por ciento.
La ordenanza sancionada, a su vez, plantea que las cocheras céntricas tienen que tener una plaza mínima de 50 lugares, poniendo en riesgo 600 puestos de trabajo que generan las cocheras más chicas, favoreciendo la concentración del negocio en las más grandes y el broche final a manos de las cocheras subterráneas, a las que el municipio ya dio el visto bueno, y sabemos bien quiénes son los únicos que están en condiciones de semejante inversión.
La especulación inmobiliaria y los grandes negocios comerciales siguen marcando la agenda de prioridades de Mónica Fein y la actual gestión, en perjuicio del interés de la mayoría de nuestros vecinos y de la posibilidad de construir una Rosario más armónica e integrada.
 El centro es un claro ejemplo. Persianas bajas como resultado de contratos de alquileres cuya renovación llega al 100 por ciento de aumento, haciendo insostenible una inversión para muchos, e iniciativas del municipio que desplazan las compras diarias de los pequeños y medianos negocios a las grandes superficies comerciales, como shoppings o hipermercados.
El proyecto de “mega outlet” del grupo Di Santo, dueño de Micropack, es una señal en el mismo sentido. La iniciativa que ya tiene el visto bueno de la Municipalidad y espera ser aprobada en el Concejo, es resistida por los centros comerciales a cielo abierto de la zona, como Empalme Graneros y Echesortu.
El rol del Estado es incluir, armonizar intereses e igualar oportunidades en beneficio del bien común. Por el contrario, en nuestra ciudad, el Estado se presenta cada vez más capturado por los negocios de unos pocos y la especulación, en detrimento de dar respuestas a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 23-06-14.

Por Sebastián Artola
En el acto por el Día de la Bandera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo una definición que marca los desafíos de nuestro presente: “Antes que mi gobierno está mi País, mi Nación y mi Patria, porque mis hijos y mis nietos, sus hijos y sus nietos, no dependen de mi gobierno, dependen de que haya Patria y Nación, con soberanía”.
No lo dijo en cualquier contexto, días atrás la corte suprema de justicia norteamericana había fallado a favor de los fondos buitres y del capital financiero, que tanto daño hicieron a nuestro país.
El mensaje dirigido a todo el pueblo argentino y, en especial, a la dirigencia política, empresarial y sindical, marca lo decisivo del tiempo histórico en que nos encontramos.
O estamos a la altura y somos capaces de seguir construyendo un rumbo autónomo como nación que defienda el interés del país y el bienestar de nuestro pueblo, en un contexto de crisis internacional y reacomodo del poder mundial. O volvemos al país para pocos, subordinado a los
dictados de los organismos financieros  internacionales y los sectores más concentrados de la economía, con el tendal ya conocido de desocupados, fábricas cerradas, persianas bajas y compatriotas empobrecidos.
Esto interpela a la Argentina toda. Porque si algo significaron estos once años de conquistas sociales, ampliación de derechos, crecimiento con inclusión y desarrollo integral, fue la enorme posibilidad de volver a poner de pie ciudades y regiones, que el país para pocos de los ’90 había relegado, olvidado, definido como “inviables” o convertido en la capital de la desocupación.
El cálculo mezquino o la especulación electoral suele perder de vista el interés general, como mostraron las desafortunadas declaraciones de Binner a favor de los fondos buitres y el juez norteamericano Grieza.
Por eso, es fundamental que podamos aprehender como sociedad que así como no hay individuo que pueda progresar en una comunidad que no se realiza, tampoco hay ciudad o región del país que pueda salir adelante en un país que no sea soberano, independiente y se desarrolle.
El sálvase quien pueda, dejó en claro que los únicos salvados son siempre los mismos.
Los esfuerzos compartidos en materia de seguridad pública en nuestra ciudad, con la presencia de las fuerzas federales, o la reactivación del tren Rosario-Buenos Aires, marcan un avance en este sentido.
Queda abierto, ahora, para todos el desafío de asumir que son tiempos para marchar bajo una misma bandera, la Argentina, en defensa de nuestra soberanía y el bienestar de nuestro pueblo, para sostener las conquistas logradas en estos años e ir por lo que falta, porque ahí se encuentran las posibilidades de progreso y desarrollo para nuestra ciudad, como para todas y cada una de las provincias que hacen posible el país.
Este, sin dudas, es el mejor homenaje que le podemos hacer a Manuel Belgrano.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 09-06-14.

Por Sebastián Artola.
El viernes y sábado pasado estuvimos participando del encuentro que realizó en nuestra ciudad la Mesa de Juventudes Políticas.
El primer hecho inédito es la confluencia de jóvenes militantes de las más variadas identidades políticas para debatir y trabajar en el territorio acciones de difusión y promoción de las políticas de la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Las adicciones son una realidad que produce un profundo daño en el tejido social y la convivencia comunitaria. Que jóvenes de distintos partidos políticos se reúnan en torno a acciones comunes, sin dudas, es un ejemplo del que la dirigencia política debería tomar nota, y también un paso que puede significar el principio de un camino a transitar que nos permita construir una nueva y necesaria mirada.
Lo primero a plantear es el desafío de un paradigma que deje de estigmatizar a los jóvenes que están a atravesados por una situación de adicción, corriendo la respuesta del derecho penal por la del derecho civil. Las miradas que criminalizan el problema y plantean medidas de encierro y disciplinamiento, a través del endurecimiento de las leyes, han mostrado su fracaso, al quedar en claro que la institucionalización produce reincidencia y profundiza la desafección respecto a la sociedad.
Situar la adicción como una cuestión de salud social como lo viene planteando la Sedronar y dejar de ver al pibe que consume una droga ilegal o legal como un delincuente, es un paso imprescindible (y no fácil) a dar como sociedad.
Lo segundo, es reconocer a los pibes que consumen como sujetos de derecho. Una mirada que no parta de sus realidades, inquietudes, anhelos e identidades, está condenada al fracaso. Las políticas públicas entendidas como recetas enlatadas que tratan como objetos a las personas, terminan por ser ajenas a las situaciones que pretenden cambiar, teniendo un efecto práctico nulo.
La voz de los pibes y su protagonismo son irremplazables a la hora de construir políticas públicas que se hagan carne en la comunidad y permitan abrir nuevos horizontes.

La Patria es el otro y nace desde los barrios. La política militante y transformadora también. Desde estas convicciones profundas será posible construir respuestas que nos permitan conquistar el derecho de todo joven a soñar y tener una vida digna.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 19-05-14.

Por Sebastián Artola (*).
La semana pasada la municipalidad y el gobierno provincial anunciaron el llamado “Plan Abre”, tras el objetivo de “pacificar la sociedad rosarina” y construir un “Estado amigable”, según sostuvo el gobernador Antonio Bonfatti.
En buena hora, si se van a realizar obras de infraestructura en barrios que hace años esperan ser considerados parte de la ciudad y hasta ahora sólo habían conocido la indiferencia.
La presentación se hizo ante una nutrida concurrencia de periodistas, bajo el pedido de las autoridades provinciales y municipales que pusieran la atención, más que en la difusión de la obras en sí, en el protagonismo de los vecinos en esos proyectos.
La paradoja es que sólo hubo periodistas y ningún vecino de la ciudad convocado al anuncio oficial. La escena no es nueva, ni casual.
La participación ciudadana para el “socialismo” gobernante siempre se presenta mediada por los medios de comunicación y los anuncios políticos parecen tener más como destinatarios las tapas de los diarios que la propia realidad a la que se dice apuntar.
Con el presupuesto participativo no deja de pasar algo parecido. El vaciamiento de contenido desde su puesta en marcha en el 2003 y su incidencia cada vez menos significativa en el presupuesto total, incluso a costa de violar la ordenanza Nº 7.869/05 que establece que lo destinado al PP “deberá ser igual o mayor en valores porcentuales a lo establecido en el año inmediato anterior”, sólo es compensado por los enormes gastos en publicidad que muestran una experiencia de participación que lejos está de ser la real.
Lo discusión no es menor. Estamos convencidos que la posibilidad de avanzar en una política efectiva de pacificación tiene directamente que ver con el protagonismo activo de la ciudadanía, y el impulso a políticas públicas que surjan de las demandas, inquietudes, deseos y sueños de los vecinos de nuestra ciudad.
La promoción de políticas estatales para ser efectivas y aportar a recomponer un sentido de pertenencia a la comunidad tiene que partir de reconocer la capacidad creadora de nuestro pueblo y su condición de sujeto de transformación.
Concebirlo como mero “objeto” y destinatario pasivo de políticas estatales que apuntan a resolver sus problemas, no llevan a otro desenlace que al fracaso de las mismas.
Lo venimos diciendo: la violencia social y el crecimiento exponencial del narcotráfico en Rosario tiene como trasfondo una causa institucional-estatal, una realidad socio-económica pero también una dimensión cultural-identitaria.
La reposición de un Estado transformador que permita igualar oportunidades, que preferimos a la más frágil y débil idea de “Estado amigable”, tiene como condición replantear la alianza con la especulación inmobiliaria y los grandes emprendimientos comerciales en beneficio del interés colectivo y el bien común, a través del protagonismo y la palabra de todos.
Sólo así será posible empezar a construir en nuestra ciudad una convivencia más armónica y en paz.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 12-05-14.

Por Sebastián Artola (*).
Finalmente se conoció el peritaje oficial por la caída de la taza de la Vuelta Al Mundo en el Parque de Diversiones, donde el año pasado murieron las hermanas Melanie y Florencia Aranda, dos niñas de tan sólo 14 y 12 años.
El informe es categórico: “no se realizaban inspecciones periódicas programadas”. Es decir, las responsabilidades de lo sucedido fueron de la firma privada “International Park” por incumplir el mantenimiento de los juegos y del Municipio por no hacer un sólo control en diez años.
A su vez, el peritaje señala el “diseño incorrecto del juego”. Semejante anomalía no podría haber pasado por alto, si, al menos, un sólo control se hubiese hecho bien.  
Los técnicos del INTI sostuvieron que el juego mecánico debía revisarse al menos una vez por mes, y una vez al año debía llevarse a cabo una revisión general del predio concesionado.
¿Qué opinará ahora el secretario de gobierno Fernando Asegurado de sus lamentables declaraciones al querer explicar la caída de la taza por “una sobrecarga de peso” de las niñas?
¿Alguien pedirá disculpas al joven operario del juego al que habían acusado en una clara maniobra del concesionario y el municipio para lavarse las manos de todo cargo y culpa?
¿Y la intendenta, qué tendrá para decir, aparte de ir a sacarse una foto con los familiares de las víctimas y acompañar el pedido de justicia, como si nada hubiese tenido que ver?
Pasado nueve meses, lo mínimo debería haber sido terminar con la concesión a la firma “International Park” y pedir la renuncia a todos los funcionarios responsables por los controles e inspecciones no realizadas. Como gesto hacia la sociedad pero también como decisión de “tomar el toro por las astas”.
Pero nada de esto pasó. La reacción fue la de siempre: patear la pelota para otro lado, buscar algún “chivo expiatorio”, no dar la cara.
La impunidad no sólo impide cicatrizar las heridas, sino también deja la puerta abierta para que lo mismo pueda volver a ocurrir.
Un Estado que cuida los negocios de unos pocos y se desentiende de los controles sobre las concesiones también hace a la inseguridad.
Una nueva mirada sobre los espacios públicos y el rol del Estado municipal son desafíos abiertos, para lo cual hace falta decisión política y coraje. Una ciudad para todos o para unos pocos, sigue siendo la cuestión.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 05-05-14.

Por Sebastián Artola.
En Rosario hay 150 jóvenes entre 16 y 18 años procesados por venta de drogas. La mayoría fueron detenidos en “búnkers” o en sus cercanías. Casi el 70% de los homicidios de los últimos años tienen como víctimas a varones de entre 15 y 35 años, mientras que la mitad son menores de 25 años.
La realidad de los pibes de los barrios más humildes es uno de los rostros bajo los que se presenta la violencia en nuestra ciudad y exige un debate sincero y profundo. Lamentablemente, buena parte de la dirigencia política local y de los representantes de la “sociedad civil” miran hacia otro lado o repiten conocidas estigmatizaciones.
Lo primero que debemos hacer es dejar de verlos como un “problema” en sí mismo, frente a los cuales sólo cabe endurecer leyes, promover medidas de encierro y disciplinamiento, como ahora el servicio militar obligatorio, suerte de apartheid social y generacional. La realidad muestra que la institucionalización produce reincidencia, potencia la violencia y profundiza la desafección respecto a la sociedad.
Reconocer que la realidad de los más jóvenes nos interroga a todos y a los modos en que venimos construyendo el lazo social, dando cuenta de una sociedad que los expulsa, invisibiliza, no los escucha o, en su reverso, los usa y esclaviza, es un paso imprescindible.
La violencia que atraviesa nuestra sociedad lejos está de agotarse en el “soldadito”. Algo de esto muestra el hecho de que los homicidios en Rosario no hayan disminuido pese a la intervención de las fuerzas de seguridad nacional, más allá de una fuerte baja en los delitos más simples, como robos o arrebatos.
La conformación de una subjetividad violenta en nuestra sociedad es la pregunta a responder. Y acá entran realidades que van desde el “soldadito”, los modos de resolución violenta de conflictos o discusiones menores entre familiares y vecinos, hasta los “linchamientos” que se dieron hace pocos meses.
La matriz represiva y la connivencia impúdica con el delito de las policías provinciales; un Poder Judicial como garantía de impunidad, resistente a su democratización; Estados locales y provinciales sujetos a los negocios de unos pocos, mientras niegan a parte significativa de los ciudadanos derechos elementales, servicios públicos y condiciones mínimas de vida; sociedades fragmentadas, desiguales y modelos de pertenencia e identidad en base al consumo de bienes materiales; un mercado de drogas que mueve millones en nuestra ciudad, comprando voluntades y lavando el dinero en el boom inmobiliario o en grandes emprendimientos comerciales; medios de comunicación que alimentan una cultura del miedo y la permanente desconfianza hacia el otro, bajo un tratamiento sensacionalista y frívolo de los hechos delictivos; son algunas de las piezas que moldean las prácticas violentas en nuestras sociedades.
Avanzar en las transformaciones institucionales que esperan desde hace más de treinta años; profundizar una democracia donde nos reconozcamos como pares en la diversidad, la pluralidad y la diferencia; garantizar el derecho a una vida digna; construir respuestas desde el protagonismo colectivo; recrear una subjetividad comunitaria, fundada en la dimensión humana, hacen a la posibilidad cierta de transitar un horizonte esperanzador para todos y todas.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 28-04-14.

Por Sebastián Artola (*).
La presencia de las fuerzas nacionales de seguridad abre nuevas posibilidades pero también nos plantea enormes desafíos a todos.
Si su desembarco permitió una presencia distinta en el territorio, a través de un rol de prevención y disuasión del delito, significando para nuestros vecinos recuperar cierta calma, confianza y volver a un uso “más normal” del espacio público, en contraste con la ausencia o liberación de zonas por parte de la policía provincial, o lo que es peor, su connivencia pública, e impúdica, con el narcotráfico en los barrios de la ciudad.
Sigue abierta la pregunta respecto a cómo avanzar hacia un Estado y una política pública que permita ir al fondo de las causas que explican semejante expansión del narcotráfico en nuestra ciudad y los inéditos niveles de violencia a los que llegamos. 
Ciudadanizar desde un sentido profundamente democrático las fuerzas de seguridad y la intervención de Estado es el camino, y no a la inversa. Es decir, policializar la sociedad y al Estado. La seguridad pública es un derecho que debe garantizar el Estado desde una mirada integral y múltiple, y no unívoca. La presencia de Gendarmería y Prefectura fue acaso la única salida que había frente a la violencia que había acorralado a nuestra ciudad, pero lejos está de ser una solución en sí misma.
Por eso, esta oportunidad abierta en nuestra ciudad debe ir acompañada y complementada por un Estado con la decisión de avanzar en la desarticulación de la trama profunda del narcotráfico, que significa empezar por la reforma estructural de la policía provincial, su control político y civil; la democratización del poder judicial provincial para terminar con la impunidad; una política contra quienes se llevan los millones que mueve el narcotráfico y después blanquean en inversiones inmobiliarias o grandes emprendimientos comerciales de la ciudad; y que también debe saber abordar nuevos debates como la despenalización de la tenencia o la legalización del consumo de marihuana, en función de estrategias que permitan la desarticulación del negocio e ir tras sus actores principales.
Pero que también tiene que saber inscribir la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio como parte de una política pública y una presencia del Estado que iguale oportunidades y garantice a todos el derecho a la ciudad, a través de políticas de urbanización, recuperación de espacios públicos, promoción de derechos, dignificación de la vida, creación de una subjetividad comunitaria y reposición de un sentido de futuro para nuestros pibes.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 21-04-14.

Por Sebastián Artola (*).
En buena hora la presencia de las fuerzas nacionales de seguridad parece abrir un debate sobre los modos de intervención del Estado y su relación con el territorio en nuestra ciudad.
En todo este tiempo, la norma había sido la violenta disputa entre bandas narcos en zonas liberadas de la ciudad, mientras buena parte de la dirigencia política local y provincial miraba desde afuera, a modo de comentaristas sin conocimiento sobre lo que sucedía en barrios que poco pisaban, un Estado que siempre llegaba tarde, cuando llegaba, y con muy pocas voces que osaran repensar su rol y poner en cuestión las estrategias de desarrollo urbano oficiales.
En primer lugar, la política de derrumbar bunkers de venta de drogas no es lo mismo si queda sólo en una foto para los medios, mientras la policía provincial después pasa como todas las semanas a cobrar la “cuota” a cambio de protección y liberar la zona, tal como sucedió hasta ahora. Que si forma parte de una estrategia que busca pacificar y disminuir los niveles de violencia, a través de una presencia permanente no represiva de las fuerzas de seguridad, bajo un rol de prevención y disuasión del delito.
Por más que el búnker sea el último eslabón en la cadena del narcotráfico, no hay que subestimarlo, como plantean ciertos “progresismos” abstractos. Su proliferación en los barrios fue alterando la cotidianeidad, sembrando miedo, fragmentando el tejido social y clausurando el espacio público.
Los vecinos poco a poco se vieron encerrados en sus casas, casi sin poder estar en las veredas, entrando y saliendo a las corridas, esquivando balas, bajo el desamparo total del Estado.
El cierre efectivo del “kiosquito” es necesario para el desarme en los barrios, la recuperación y pacificación del territorio.
En segundo lugar, algo que venimos diciendo y escribimos en esta misma columna el pasado lunes. Una política de seguridad pública no se agota en las propias fuerzas de seguridad, ni pasa exclusivamente por tener una presencia distinta de la policía y las fuerzas federales en el territorio, la reposición de su conducción política, la recuperación de la cadena de mando al interior de la fuerza provincial o por un compromiso genuino del Poder Judicial.
Repensar de conjunto el Estado es la tarea imprescindible. Una nueva política de desarrollo urbano inclusiva, que no marche detrás de la especulación inmobiliaria; la recuperación del perfil productivo de la ciudad, a través de la promoción de las pequeñas y medianas empresas, y las economías populares, que permitan la integración laboral de los vecinos  que hoy quedan afuera; y una política cultural pensada no como mero show y espectáculo, sino que habilite un sentido de pertenencia distinto de los más jóvenes a la ciudad y un horizonte de vida, son desafíos abiertos que hacen a una política de seguridad pública, que para ser efectiva (algo que también hemos dicho) debe ser integral y garantizar a todos el derecho a la ciudad.
Las cartas están echadas y las posibilidades también. Del compromiso y el protagonismo de todos, hoy más que nunca, depende empezar a construir un presente distinto.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 15-04-14.

Por Sebastián Artola (*).
El operativo llevado adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pasado miércoles en nuestra ciudad, marca el fracaso de una política de seguridad del gobierno provincial que marchó siempre detrás de los acontecimientos.
Desde la denuncia pública que llevó a la renuncia del ex jefe de la policía Hugo Tognoli, que al principio fue vista por las autoridades provinciales como una “operación política”, hasta el desplazamiento de la cúpula de la División Judiciales de la Unidad Regional II, en el ojo de la tormenta tras la entrevista televisada una semana atrás por el canal América 24 con el prófugo "Monchi” Cantero, señalado como el líder de la banda de Los Monos.
La falta de decisión política para enfrentar la trama del narcotráfico, el encubrimiento y el pacto con los actores que explican su crecimiento exponencial, son las causas para que nuestra ciudad tenga la triste condición de ser la más violenta del país, con casi un homicidio por día en lo que va del año 2014, cuatro veces más que la media nacional.
Por supuesto que la intervención de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal lejos está de ser una solución en sí misma, pero es mucho más que una mera puesta en escena y poco tiene que ver con la idea de una “militarización” del territorio, como escuchamos desde algunas voces críticas en estos días.
Su presencia es celebrada por los vecinos de los barrios más humildes y esto algo nos dice. Acostumbrados a ver el patrullero pasar por el “kiosquito” a cobrar la cuota mensual a cambio de protección y liberar la zona, por primera vez, reconocen una fuerza de seguridad cumpliendo un rol de prevención y disuasión del delito, sin violencia y represión.
Queda ahora la posta a manos del gobierno provincial. Transformar de modo estructural la policía santafesina y reponer su conducción política, bajo control civil, es ya una obviedad decirlo, pero sigue pendiente. Reformar el Poder Judicial provincial también. Sin avanzar sobre estas dos cuestiones será muy difícil desarticular la trama profunda de acuerdos y negocios que sostienen al narcotráfico en Rosario.  
Para el municipio queda la indispensable tarea de igualar oportunidades e incluir a los barrios que vieron por televisión el “boom” de la ciudad, revirtiendo la matriz de crecimiento sin inclusión social que caracterizó a Rosario en todos estos años. Políticas de urbanización y vivienda, obras públicas elementales como desagües o, incluso, zanjeo en muchos barrios, acceso a servicios públicos dignos, inserción educativa y laboral de los más jóvenes, y promoción de espacios recreativos, culturales y deportivos en los barrios, son deudas internas de una gestión que gobierna Rosario hace veinte años y forman parte de la construcción de un marco de seguridad pública real y efectivo.  
El trabajo mancomunado entre municipio, provincia y nación, y la centralidad del rol transformador del Estado es el camino. Garantizar el derecho a la ciudad a todos los vecinos, como la decisión del poder político provincial de llevar adelante con coraje las tareas que hasta ahora no se hicieron, son condición para modificar el estado de cosas. Sólo así será posible reconstruir una convivencia en paz para nuestra ciudad, desde una mirada integral sobre la seguridad pública.
(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 07-04-14.

Por Sebastián Artola (*)
Mientras hacía cola para pagar unos impuestos, un señor cercano a los sesenta años empezó a insultar contra el país, la inseguridad y los “negros”. “Hay que matarlos a todos” arengaba, todo culpa de la “yegua que nos gobierna”, “esto en otros países no pasa” repetía, proponiendo “no pagar los impuestos”. En la fila no éramos más de seis o siete. Como vio que hablaba sin mucho eco sobre el resto, le pregunta al más cercano buscando complicidad, “¿Y vos qué opinas?”. Y éste le responde: “Y porqué no se va del país”. Medio descolocado por la respuesta, de alguien que tendría algunos años menos que él, me mira y me pregunta a mí: “¿Y vos, qué opinas?”. Y le digo: “Yo a mi país lo quiero”. Enfurecido, me dice: “A vos porque nunca te robaron, no te pasó nada”. Sólo alcancé a decirle que sí me habían robado, pero no por eso tenía que compartir las cosas que decía y que por ahí no pasaba la solución… después fue imposible agregar algo más.
Todos alguna vez (o más de una) hemos estado en una situación parecida. La pregunta que uno se hace es siempre la misma: ¿Qué explica la ira, el odio, el prejuicio, la violencia verbal (a un paso de la física) y la intolerancia que anida en algunos sectores de nuestra sociedad?
Lo primero que hay que dejar bien en claro es que no todos piensan de esta manera, pese a que algunos así lo quieran presentar. De ser así, estaríamos al borde de la desintegración social. Los más de treinta años desde la recuperación democrática y la mayoritaria concurrencia a la hora de votar lo demuestran. Los fallidos intentos de desestabilización en estos últimos diez también. La gran mayoría ha dejado claro querer vivir y convivir bajo el marco común que habilita la democracia y el respeto al estado de derecho.
Pero tanto es el estímulo y la amplificación interesada que se les da desde los medios hegemónicos de comunicación que, por momentos, parecen muchos, logrando efectos de repetición y consecuencias concretas en la vida cotidiana.
Los linchamientos protagonizados por grupos de personas en estos días son un doloroso ejemplo de esto. Las 24 horas de machaque comunicacional, sensacionalista y frívolo, sobre cada hecho de inseguridad, construyen una cultura del miedo y la permanente desconfianza hacia el otro, donde la única salida posible parece ser el ejercicio de la violencia personal o social.
A quienes lo estimulan, medios concentrados pero también políticos que actúan como voceros de los mismos, poco les interesa la solución al problema real de la inseguridad. Por el contrario, con el culto al odio no hacen más que profundizar los marcos que explican las tramas profundas sobre las que se despliegan los delitos y su violencia.
Promueven la idea de indefensión y de una sociedad librada a su suerte, mientras demonizan cada avance del Estado, añorando los tiempos donde el mismo se arrodillaba ante los negociados privados y el poder económico.
Hablan de “inseguridad” como tema excluyente, pero se oponen a un Estado que busca  ampliar  derechos, rechazando la democratización del Poder Judicial, la reforma del Código Penal, la necesaria transformación de las policías provinciales y las políticas públicas que crean trabajo, fortalecen el mercado interno e incluyen a los sectores más humildes, achicando las desigualdades de nuestra sociedad.  
Lo dijimos y volvemos a repetir, más y mejor Estado es el camino. Y agregamos: una comunidad que se construya sobre el amor y no el odio es su posibilidad.
(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 31-03-14.

Por Sebastián Artola (*).
El asesinato de David a manos de unas cincuenta personas en barrio Azcuénaga hace visible las profundas marcas que la violencia viene dejando en nuestra ciudad.
La enfurecida reacción habla de una comunidad fragmentada, con sus vínculos deshilachados, atravesada por la desconfianza, el odio, una ciega búsqueda de venganza social y el desconocimiento de la autoridad pública.
No es casualidad. La ausencia del Estado garantizando el derecho a la seguridad y la protección de la vida es el marco bajo el cual es necesario pensar el porqué de este, como de otros hechos de violencia y muerte.
Decimos más, este corrimiento del Estado a la hora de garantizar la seguridad pública y cuidar la vida, en realidad, es una presencia más que activa en la configuración de la trama delictiva que explica buena parte de los niveles de violencia y la altísima tasa de homicidios que sufre nuestra ciudad.
La idea de un Estado “víctima” en lucha contra la delincuencia y el narcotráfico es una figura que puede funcionar en el relato mediático, pero no va al fondo de una realidad donde una parte del propio Estado está en connivencia con el delito y el narcotráfico, a través de la policía provincial, sectores del poder judicial y políticos con representación institucional, que por acción u omisión poco hacen para transformar la matriz de la violencia en Santa Fe.
Del mismo modo, un proyecto de ciudad que piensa a Rosario como si fuese una “marca” (basta con reparar en el logo de la actual gestión), situando al comercio y el turismo como sus ejes más dinámicos, fue definiendo al “consumo” como el modo de pertenencia a la ciudad.
Los pibes de los barrios más humildes roban para tener, pero también para ser. Construyen desde ahí identidad y pertenencia. Frente a un Estado local que no promueve otro horizonte y sentido de integración, a través de la escuela, como de políticas culturales, recreativas o de capacitación en oficio en los mismos barrios, el delito se presenta como el único camino posible.
El desafío urgente para todos los que vivimos en Rosario y, sobre todo, para quienes tienen responsabilidades públicas es imaginar y tomar las necesarias decisiones que nos permitan empezar a transformar de fondo las causas que nos llevaron a este estado de cosas.
Para ello, es imprescindible reponer la responsabilidad pública y pensar un modelo de seguridad democrática, que no deje librado las prácticas de seguridad a decisiones individuales de cada ciudadano, lo cual implica negar la seguridad como un derecho, profundizando la fragmentación del lazo comunitario y la división de la ciudadanía.
Más que nunca sigue siendo una tarea pendiente pensar una ciudad donde quepamos todos, garantizando por igual el derecho a la seguridad y a la protección de la vida.
 (*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 10-03-14.

Por Sebastián Artola (*).
El 21 de enero Melani Navarro fue asesinada al haber quedado en el medio de una balacera entre narcos en La Granada. Tenía sólo 5 años. La espiral de violencia que el narcotráfico siembra en los barrios más humildes, en connivencia con la policía provincial y un poder judicial que mira para otro lado garantizando impunidad, no para de llevarse la vida de los más jóvenes de nuestra ciudad.
A las dos semanas de la muerte de Melani, el Centro de Salud que existía en el barrio cerró sus puertas, dejando a los vecinos sin la posibilidad de atención primaria, frente al silencio de las autoridades municipales y provinciales. El centro de salud “20 de junio” había sido inaugurado en 2010 para descomprimir de pacientes al Sáenz Peña. Los profesionales que atendían en el lugar, desamparados y sin ningún tipo de protección, optaron por no ir más.
El repliegue del Estado municipal en los barrios de Rosario no es nuevo. Desde el año 2010 venimos asistiendo a un vaciamiento de las políticas sociales del municipio, con el desmantelamiento y reconversión de los Centros Crecer, la pérdida de funcionalidad y la desarticulación de un abordaje integral entre políticas sociales y políticas sanitarias en el territorio.
Los centros de salud que conforman el dispositivo de Atención Primaria de la Salud están cerrados los fines de semana y con suerte de lunes a viernes tienen horarios de atención por la tarde, mientras que las ambulancias no entran a los barrios, incluso cuando las llamadas son de los propios centros de salud. A lo que se suma la falta de reemplazos por licencia para médicos y pediatras, ni que hablar de psicólogos o trabajadores sociales.
Cuando la semana pasada la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, puso el acento en el desafío de “construir una sociedad y una ciudad más integrada, más equitativa”. En buena hora, hace casi veinte años que el socialismo  gobierna Rosario y está a la vista el modo profundamente desigual bajo el cual creció nuestra ciudad en todo este tiempo, garantizando enormes negocios para muy pocos, mientras la gran mayoría de nuestros vecinos no tienen acceso a obras de infraestructura social básica, servicios públicos dignos y posibilidades de integración socioeconómica.
La paradoja en La Granada es una muestra más de lo que pasa en muchísimos barrios de nuestra ciudad. Mientras la violencia del narcotráfico se lleva la vida de nuestros jóvenes y niños, el Estado más se repliega y brilla por su ausencia. Pero los vecinos y familiares de las víctimas no bajan los abrazos y se resisten a que este sea el único futuro para los jóvenes y los más chicos. Se organizan desde abajo, construyen memoria y luchan contra la impunidad. Nos queda hacia futuro el desafío de juntar todas estas luchas en un proyecto de ciudad común, que haga posible el derecho  a vivir dignamente y en paz,  haciendo de Rosario una ciudad para todos.


(*) Foro Rosario para Todos.

“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 25-02-14.

Por Sebastián Artola (*).
Se viene un nuevo aumento del transporte urbano. Entre el 2011 y el 2013, la tarifa pasó de 1,90 a 3,60, aumentando casi un 90%. Lo que hace de Rosario una de las ciudades con el boleto urbano más caro del país.
No pasaron dos meses del último aumento y el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) hizo llegar al Concejo un estudio – por demás de cuestionable y donde urge revisar la metodología usada para el cálculo - que pone en 5 pesos el costo del boleto. El municipio parece querer un nuevo ajuste sobre la tarifa y, como siempre, los que pagan el pato son los usuarios.
Hay que aclarar que el 50% del financiamiento proviene de los subsidios nacionales, mientras que la provincia no gira un solo peso para el transporte de nuestra ciudad y los aportes del municipio a través del Fondo Compensador del Transporte pasaron de cubrir el 6% en el año 2002 a sólo el 3% durante el pasado año.
Lo dijimos y volvemos a repetir: hace veinte años que el municipio gestiona un servicio público como si fuese una empresa privada, negando su carácter social y, en consecuencia, la posibilidad de ser pensado como un bien público que debe ser costeado por el conjunto de la sociedad y, en especial, por los sectores con mayor capacidad contributiva de la ciudad.
Por eso, la salida lejos está de ser volver a privatizar el servicio, como escuchamos decir a concejales del PRO. Esto no haría más que profundizar el deterioro del servicio, que de hecho (y pese a la existencia de una empresa estatal y otra mixta) se administra bajo una lógica empresarial, donde todo lo que pide la única empresa privada de la ciudad parece ser palabra santa.
Encima, nos enteramos por estos días que tanto Rosario Bus como Semtur y la Mixta, guardan los coches, reduciendo la frecuencia, aumentando las esperas de los usuarios y bajando las horas de trabajo de los chóferes.
Frente a esta especulación, al municipio no le debería temblar el pulso para defender el servicio, los puestos de trabajo y el bolsillo de los ciudadanos. El gran desafío que tenemos es avanzar hacia un nuevo sistema de transporte público y estatal, que reponga de manera plena su condición de servicio público, garantizando el acceso y el derecho de todos a la movilidad e integración en nuestra ciudad.
(*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 18-02-14.

Por Sebastián Artola (*).
La especulación con los precios por parte de las grandes empresas y los supermercados, hizo de la economía el tema de discusión pública principal en estas últimas semanas. Y esta bueno que así sea.
Durante décadas se había instalado la idea de que la economía era cuestión de “expertos”, quedando en manos de unos pocos, que con un lenguaje técnico y casi indescifrable, tomaban decisiones que se presentaban como las únicas posibles, mientras la gran mayoría padecía sus consecuencias.
Eran los años neoliberales, donde la política acataba, como si fuesen verdades absolutas, todo lo que decían los grandes grupos económicos, los organismos financieros internacionales y sus economistas.
Desde el 2003 la historia empezó a ser de otra manera. La política volvió a ser el centro ordenador de la vida social, económica y cultural de todos los argentinos, recuperando la soberanía perdida y reponiendo su condición transformadora.
No es otra la puja que se juega por estos días: o la economía la dirigen los grupos de poder concentrados en función de su tasa de ganancias, o la dirige el Estado y la política en beneficio del conjunto de la sociedad.
Sobre esta tensión, es posible pensar muchos de los problemas irresueltos en nuestra ciudad.
El déficit habitacional creciente en los últimos años, con más de 60 mil familias sin su propia casa, mientras hay 80 mil viviendas deshabitadas, es el resultado de un Estado local que marchó detrás de los intereses de la especulación inmobiliaria, sin ningún tipo de regulación, perdiendo su capacidad de transformación e igualación de oportunidades.
Lo mismo para una planificación urbana hecha a medida del sector privado, permitiendo la construcción de edificios bajo ordenamientos urbanos sancionados hace cuarenta años, colapsando los servicios públicos, en perjuicio de la calidad de vida de los vecinos, mientras buena parte de la ciudad aún espera obras de infraestructura básicas (desde pavimento a cloacas) y de urbanización, para dar respuesta a los más de doscientos mil rosarinos que viven en 110 asentamientos irregulares.
Y ni que hablar del privilegio que gozan los grandes establecimientos comerciales, en perjuicio de los pequeños y medianos comercios, las ferias de artesanos, las ferias populares de los barrios, las huertas comunitarias o los mercados de productores. La falta de políticas de reconocimiento, fortalecimiento y promoción de estos sectores, en torno a las cuales viven miles de familias y significan un mercado con precios mucho más accesibles, habla a la claras de un proyecto de ciudad que tiene su interés puesto en la concentración del comercio en manos de los shopping y supermercados.
Un Estado que mire a la sociedad de conjunto y defienda el bienestar colectivo, por sobre los negocios de algunos pocos, es el desafío principal de nuestros tiempos, para la cual es imprescindible el compromiso activo de todos los que queremos seguir construyendo un país para todos y aspiramos a vivir en una Rosario más justa y armónica.

(*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 10-02-14.

Por Sebastián Artola (*).
El anuncio del tren Rosario-Buenos Aires por parte del gobierno nacional es un aporte importantísimo para nuestra ciudad y el desarrollo de la región.
Son 33 formaciones, todas nuevas, con una renovación integral de los 526 kilómetros de vía que unen nuestra ciudad con la Capital Federal, en una inversión de casi 3.500 millones de pesos, que permitirá conectar ambas ciudades en 3 horas y media, desde los primeros meses del próximo año.
El tren es el sistema de transporte público más seguro, cómodo, con menos impacto ambiental y más económico, constituyendo, a la vez, una herramienta estratégica para el desarrollo integral de toda sociedad.
La reactivación del servicio permitirá disminuir la circulación de vehículos por la Autopista Buenos Aires - Rosario, con una potencial reducción de los accidentes viales de entre 5 y 7 por ciento.
Según estudios de la Unión Europea, la relación de muertes por accidentes entre automotores y ferrocarril es 44 a 1. En nuestro país, la Fundación Luchemos por la Vida relevó, durante el año 2013, 7896 muertes por accidentes de tránsito.
Después del desmantelamiento neoliberal en la década del ’90, en los últimos diez años viene habiendo una decisión política de recuperar los ferrocarriles de pasajeros y de carga, como parte de un proyecto de país que vuelve a poner la prioridad en la sustitución de importaciones, el valor agregado y la industrialización, pero también como una política que busca día a día brindar mejores servicios públicos, igualar oportunidades, integrar al país y dignificar la calidad de vida de nuestro pueblo.
De ahí la importancia de seguir profundizando la recuperación del ferrocarril y para esto es imprescindible el acompañamiento incondicional del gobierno provincial y local. Por una vez, está bueno ver que se dejan las chicanas políticas de lado, en función de sumar esfuerzos a un proyecto de país que, pese a los ataques especulativos de los dueños del mercado, sigue adelante, defendiendo el interés de todos los argentinos y el derecho a vivir en una patria para todos.

(*) Foro Rosario para Todos.


“Pensar la ciudad”, El Argentino (edición Rosario), 03-02-14.

Por Sebastián Artola.
Si un problema no se reconoce es imposible solucionarlo. Las declaraciones del Ministro de Seguridad Raúl Lamberto diciendo que se garantizó la seguridad en “hechos importantes”, por no haberse producido ningún homicidio durante los saqueos, el conflicto policial y la realización del rally Dakar, resultan una tomada de pelo. Mientras decía esto, el primer mes del año terminaba con 32 homicidios, un 39% más que en enero del 2013.
Pero esto no fue todo. En la misma entrevista sostuvo como característica común de los homicidios, la condición de ser "crímenes interpersonales". Es decir, “disputas entre vecinos, familiares, personas que se conocen entre sí”, a modo de quitar la responsabilidad del Estado y la ineficacia de una política de seguridad pública, bajo el reiterado estigma, que afirma la idea de una cultura violenta en las zonas periféricas, que los llevaría a resolver sus peleas mediante el ejercicio de la violencia, haciendo casi imposible su prevención.
Y para rematarla, defendió que “la policía es más confiable hoy que en otros tiempos” y “bastante diferente a la que había tiempo atrás”. Cuando no hace falta mucha estadística para comprobar el desprestigio que hoy tiene la fuerza entra los vecinos de la ciudad y la provincia.
Ahora bien, como sostuvimos al principio. Si no hay un reconocimiento del problema, este tipo de desvaríos son casi inevitable. Cuando el primer paso no está dado, todo lo que se viene después no son más que palabras, puestas en escena o fotos para los medios, tratando de tapar el sol con las manos y justificar lo injustificable.
En nuestra ciudad, las causas de la violencia tienen como fondo el crecimiento exponencial del narcotráfico en los últimos años. Basta con ver cómo la curva en brutal ascenso de la tasa de homicidios marcha de la mano con la expansión y penetración del narcotráfico en el territorio de la ciudad.
Y la realidad del narcotráfico se inscribe sobre dos planos entrelazados. En primer lugar, un plano policial-judicial. Sin la connivencia con una policía que no tiene conducción política y la impunidad que garantiza el poder judicial, nunca hubiese sido posible semejante expansión del narcotráfico. La implicación estructural con la policía y el poder judicial, permitieron su formación, reproducción y ampliación. De otro modo, no habría forma de explicar cómo circulan y se blanquean los dos mil millones de pesos que mueve por año el narcotráfico en nuestra ciudad.
Por el otro, un plano social-cultural. El saldo de un Estado municipal que marchó, en todos estos años, detrás de la especulación inmobiliaria en detrimento del derecho de todos a vivir dignamente en la ciudad, con una ausencia de propuestas de integración y proyección juvenil,  no dejó otra salida para muchos jóvenes de los barrios más humildes que el delito y el narcotráfico, como posibilidad de subsistencia, pero también como lugar de reconocimiento, identidad y respeto, frente a un proyecto de ciudad que los niega e invisibiliza.
Si por acá pasa la punta del ovillo, y se encara con decisión política, más encaminados vamos a estar para empezar a dar respuestas a una sociedad que las espera y necesita, y, por supuesto, otras serán las declaraciones que escuchemos de los funcionarios responsables de la seguridad pública de la provincia.
 (*) Foro Rosario para Todos.

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