Por Sebastián Artola.
En Rosario hay 150 jóvenes entre 16 y
18 años procesados por venta de drogas. La mayoría fueron detenidos en
“búnkers” o en sus cercanías. Casi el 70% de los homicidios de los últimos años
tienen como víctimas a varones de entre 15 y 35 años, mientras que la mitad son
menores de 25 años.
La realidad de los pibes de los barrios
más humildes es uno de los rostros bajo los que se presenta la violencia en
nuestra ciudad y exige un debate sincero y profundo. Lamentablemente, buena
parte de la dirigencia política local y de los representantes de la “sociedad
civil” miran hacia otro lado o repiten conocidas estigmatizaciones.
Lo primero que debemos hacer es dejar
de verlos como un “problema” en sí mismo, frente a los cuales sólo cabe
endurecer leyes, promover medidas de encierro y disciplinamiento, como ahora el
servicio militar obligatorio, suerte de apartheid social y generacional. La
realidad muestra que la institucionalización produce reincidencia, potencia la
violencia y profundiza la desafección respecto a la sociedad.
Reconocer que la realidad de los más
jóvenes nos interroga a todos y a los modos en que venimos construyendo el lazo
social, dando cuenta de una sociedad que los expulsa, invisibiliza, no los
escucha o, en su reverso, los usa y esclaviza, es un paso imprescindible.
La violencia que atraviesa nuestra
sociedad lejos está de agotarse en el “soldadito”. Algo de esto muestra el
hecho de que los homicidios en Rosario no hayan disminuido pese a la
intervención de las fuerzas de seguridad nacional, más allá de una fuerte baja
en los delitos más simples, como robos o arrebatos.
La conformación de una subjetividad
violenta en nuestra sociedad es la pregunta a responder. Y acá entran
realidades que van desde el “soldadito”, los modos de resolución violenta de
conflictos o discusiones menores entre familiares y vecinos, hasta los
“linchamientos” que se dieron hace pocos meses.
La matriz represiva y la connivencia
impúdica con el delito de las policías provinciales; un Poder Judicial como
garantía de impunidad, resistente a su democratización; Estados locales y
provinciales sujetos a los negocios de unos pocos, mientras niegan a parte
significativa de los ciudadanos derechos elementales, servicios públicos y
condiciones mínimas de vida; sociedades fragmentadas, desiguales y modelos de
pertenencia e identidad en base al consumo de bienes materiales; un mercado de
drogas que mueve millones en nuestra ciudad, comprando voluntades y lavando el
dinero en el boom inmobiliario o en grandes emprendimientos comerciales; medios
de comunicación que alimentan una cultura del miedo y la permanente
desconfianza hacia el otro, bajo un tratamiento sensacionalista y frívolo de
los hechos delictivos; son algunas de las piezas que moldean las prácticas
violentas en nuestras sociedades.
Avanzar en las transformaciones
institucionales que esperan desde hace más de treinta años; profundizar una
democracia donde nos reconozcamos como pares en la diversidad, la pluralidad y
la diferencia; garantizar el derecho a una vida digna; construir respuestas
desde el protagonismo colectivo; recrear una subjetividad comunitaria, fundada
en la dimensión humana, hacen a la posibilidad cierta de transitar un horizonte
esperanzador para todos y todas.
(*) Licenciado en Ciencia Política.
Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.