Por
Sebastián Artola (*).
El
nuevo aumento del boleto del transporte urbano el pasado jueves en una
escandalosa sesión en el Concejo municipal nos deja dos conclusiones.
La
primera, ya la planteamos en otras oportunidades. El gobierno municipal
gestiona un servicio que es público como si fuese una empresa privada. De otro
modo no se explica que ante cada aumento de costo del boleto la variable de
ajuste sea siempre la misma: el usuario.
Pensar
al transporte como un servicio público y, en consecuencia, como un derecho,
significa asumirlo como un bien que debe ser sostenido por el conjunto de la
sociedad, y principalmente por los sectores con mayor capacidad contributiva de
la ciudad.
Lo
contrario - es decir, concebirlo como una mercancía que paga el que puede -
lleva a definirlo como una relación entre partes (prestatario y usuario) y, en
consecuencia, a trasladar siempre el ajuste sobre éste último.
En
más de veinte años de gestión, el “socialismo” siguió atado a un concepto
empresarial sobre el transporte, y esto explica tanto su fracaso en su política
de servicios públicos como la promesa incumplida desde Binner a Mónica Fein sobre
la creación de un nuevo sistema de transporte para la ciudad.
La
segunda conclusión tiene que ver con el acuerdo político que se dio en el Concejo
municipal para el aumento del boleto. Que sólo el PRO haya votado en contra habla
a las claras de la ausencia de una representación de los laburantes y los que
menos tienen en la política local. No merece mucha explicación entender que la
posición del PRO obedece más a un cálculo de posicionamiento con miras al 2015,
que a una sensibilidad con el bolsillo de los usuarios del transporte.
Pero
el problema no está ahí sino en quienes dicen representar a los vecinos de los
barrios más humildes y votan en su contra, en nombre de una “gobernabilidad” y
“responsabilidad”, en su sentido más complaciente y timorato, que – sabemos -
siempre termina beneficiando el status quo y los intereses de unos pocos en
perjuicio de las mayorías sociales y la política como acto de transformación.
Durante
las últimas semanas la empresa Rosario Bus extorsionó al municipio con amenazas
de despedidos sino aumentaba el boleto. La propia intendenta había dicho hasta
hace poco que no estaba previsto un nuevo aumento y muchos de los que votaron a
favor en campaña sostuvieron que harían lo contrario.
Un
municipio y una dirigencia política local con decisión y coraje para hacer
política en beneficio del interés colectivo y las mayorías deberían haber
planteado la rescisión de la licitación de las líneas que tiene Rosario Bus y
su municipalización.
Sin
embargo, agacharon la cabeza ante los aprietes. Queda más que nunca abierta la
necesidad y el desafío de una representación política en nuestra ciudad nacida
desde abajo, el compromiso diario con nuestros vecinos, y con el coraje de
hacer política en beneficio del conjunto y no de los negocios de unos pocos.
(*)
Foro Rosario para Todos.
