Por Sebastián Artola.
No
hay publicidad o marketing que pueda tapar la pésima gestión del gobierno
provincial y municipal en materia de niñez y juventud.
Los
vaivenes al frente de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia
y Familia, la ausencia de políticas públicas que promuevan una mirada que sitúe
a los niños y jóvenes como protagonistas, en el marco del fortalecimiento
familiar y comunitario, y la retirada del Estado de los lugares donde más se lo
necesita, son las razones de este fracaso.
La realidad del IRAR (Instituto de
Recuperación del Adolescente de Rosario) es un ejemplo. La continuidad de esta
institución, a cargo del Servicio Penitenciario, con una co-gestión civil
formal que no corta ni pincha, en clara violación de las leyes nacionales como
de los tratados internacionales, pese a la promesa de su cierre hecha por
Binner a los días de su asunción en el 2007 como gobernador, muestra la falta
de decisión del Frente Progresista para hacer frente a las peores herencias
institucionales en nuestra provincia.
La política de separación de los niños, niñas
y adolescentes de sus familias, bajo una mirada señaladora sobre éstas y un
abordaje unilateral centrado en los chicos, que excluye el rol activo y
participativo que juega la familia y su comunidad en el desarrollo integral de
los mismos, es otro ejemplo. Son 430 chicos en esa situación
en toda la provincia, de los cuales 230 pertenecen a Rosario, en su mayoría
pibes que viven en los barrios más postergados de la ciudad.
Las críticas realizadas por la Comisión de Asesoramiento en
Políticas de Alojamiento a Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales
recibieron una pobrísima respuesta por parte de la Ministra de Desarrollo
Social Mónica Bifarello
Las excusas para no tener en Rosario un Servicio Local, tal como
establece la ley nacional, es otra muestra de la falta de decisión de poner en
marcha una política inclusiva para nuestros pibes. La Dirección de Infancias y
Familias, como la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes, de la
Secretaría de Promoción Social no pasan de ser sellos.
La
Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, sancionada en el año 2005, y a la que Santa Fe adhiere desde el
2009, es clara.
En
su artículo 7 señala que “la familia es responsable en forma prioritaria de
asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo
ejercicio de sus derechos y garantías”. Y agrega: “Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y
asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta
responsabilidad, y para que los padres asuman en igualdad de condiciones, sus
responsabilidades y obligaciones”.
La Asignación Universal por Hijo, la
Asignación por Embarazo, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y el
PROGRESAR, son políticas públicas nacionales que marchan en este sentido. Resta
ahora el esfuerzo y la responsabilidad compartida por parte del Estado
provincial como municipal.
Sólo así será posible empezar a construir el
sueño de una ciudad y una provincia donde los únicos privilegiados sean
nuestros niños y jóvenes.
