Así lo definió el ex candidato a concejal al
referirse a los datos difundidos en estos días sobre el importante aumento de
los alquileres en la ciudad y las declaraciones del presidente de Cadeiros.
05/01/2016
“En diciembre del año pasado ingresamos
al Concejo Municipal dos proyectos de ordenanzas con el objetivo de empezar a
regular el mercado inmobiliario y evitar los abusos que sufren los inquilinos”,
sostuvo Artola.
“Lo venimos diciendo desde hace un
tiempo largo, los precios de los alquileres y las viviendas vienen aumentando
muy por encima del poder adquisitivo medio y el costo de vida. Esto se explica
por la total desregulación del mercado inmobiliario y la falta de instrumentos
que defiendan los derechos de los inquilinos y a las familias que están en
emergencia habitacional”.
Los dos proyectos se presentaron en el
marco de la iniciativa llamada “Ni gente sin casas, ni casas sin
gente”, que lanzó la agrupación local Rosario para la Victoria y apunta a generar
una respuesta a la problemática habitacional en Rosario.
El primero de los proyectos consiste en
la creación de una defensoría pública del inquilino. “Con este proyecto
buscamos contar con una herramienta superadora que nos permita defender de
manera efectiva los derechos de los inquilinos frente a los abusos de las
inmobiliarias”, explicó Artola.
“Se trata de crear una nueva
herramienta con una capacidad de intervención que vaya más allá del
asesoramiento o el carácter informativo, y asuma la facultad de control,
sanción, mediación y de llevar adelante demandas procesales en defensa de los
derechos de los inquilinos de manera gratuita cuando la naturaleza del
conflicto así lo requiera”, agregó.
En este sentido, el proyecto de
ordenanza define como atribuciones de la defensoría pública del inquilino:
promover y defender los derechos de los inquilinos frente a los actos abusivos,
irregulares, arbitrarios, ilegítimos o discriminatorios; brindar asesoramiento
jurídico gratuito y asistencia a las personas que alquilan; ofrecer una
instancia de mediación y conciliación voluntaria para problemas suscitados
entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias; dar curso de acción legal y
llevar adelante demandas procesales cuando las circunstancias del conflicto así
lo ameriten; fijar un marco común para toda la ciudad de Rosario sobre el tipo
y la cantidad de garantías a solicitar a los inquilinos al momento de firmar un
contrato.
El segundo proyecto de ordenanza
promueve la creación de una tasa al inmueble ocioso. A través de la creación de
una tasa sobre los inmuebles que permanezcan seis meses consecutivos
deshabitados se busca promover la incorporación al mercado de los inmuebles
ociosos, con el fin de equilibrar las relaciones entre oferta y demanda.
“La tasa sobre el inmueble ocioso forma
parte del desafío de crear herramientas, desde las atribuciones propias del
Estado local, que tiendan a equilibrar las relaciones entre oferta y demanda en
materia habitacional, como existen en muchas grandes ciudades del mundo. Ampliar
la oferta, a la vez, impacta en la regulación de los precios”, explicó Artola.
Y agregó: “Esperamos que ambos
proyectos tengan un tratamiento inmediato en el Concejo Municipal e invitamos a
todos los sectores a acompañar estas iniciativas, para que de una vez por todas
contemos con herramientas que nos permitan defender de manera efectiva los
derechos de los inquilinos y tener instrumentos que comprometan al Estado
municipal a trabajar por el derecho de todos a una vivienda digna”.