“La vivienda es un derecho, no un negocio”, sostuvo.
El martes 1 de diciembre Sebastián Artola, acompañado por integrantes de la agrupación Rosario para la Victoria, ingresó al Concejo Municipal dos proyectos de ordenanzas.
“Los mismos tienen
como objetivo empezar a construir una respuesta a la realidad habitacional en
la que viven muchos rosarinos y rosarinas, y son el resultado del trabajo que
durante más de un año llevaron adelante los compañeros del Foro Rosario Para
Todos”, sostuvo Artola.
“La vivienda es un derecho, no un negocio. Frente a la
especulación, es
imprescindible una presencia activa del Estado municipal que permitan empezar a
regular el mercado inmobiliario con políticas públicas que garanticen a todos
el derecho a la vivienda”.
El
primero de los proyectos consiste en la creación de una Defensoría Pública del
Inquilino. “Con este proyecto buscamos contar con una herramienta superadora
que nos permita defender de manera efectiva los derechos de los inquilinos
frente a los abusos de las inmobiliarias”, explicó Artola.
“Con la
defensoría buscamos jerarquizar la importancia de la vivienda en la agenda de
prioridades del Estado municipal, se trata de crear una nueva herramienta con
una capacidad de intervención que vaya más allá del asesoramiento o el carácter
informativo, y asuma la facultad de control, sanción, mediación y de llevar
adelante demandas procesales en defensa de los derechos de los inquilinos de
manera gratuita cuando la naturaleza del conflicto así lo requiera”.
En este
sentido, el proyecto de ordenanza define como atribuciones de la Defensoría
Pública del Inquilino: promover
y defender los derechos de los inquilinos frente a los actos abusivos,
irregulares, arbitrarios, ilegítimos o discriminatorios; brindar asesoramiento
jurídico gratuito y asistencia a las personas que alquilan; ofrecer una
instancia de mediación y conciliación voluntaria para problemas suscitados
entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias; dar curso de acción legal y
llevar adelante demandas procesales cuando las circunstancias
del conflicto así lo ameriten; fijar un marco común para toda la ciudad de
Rosario sobre el tipo y la cantidad de garantías a solicitar a los inquilinos al
momento de firmar un contrato.
“En
Rosario hay 60.388
inquilinos, es decir, un 19% de la población, la mayoría alquila en pésimas condiciones
ante la absoluta indefensión. La vulneración de los derechos de los inquilinos
es una constante, sea al momento de firmar un contrato, durante lo que dura el
mismo o a la hora de su renovación”.
“La imposición de condiciones abusivas
en los contratos, el aumento de los alquileres muy por encima del salario
promedio o el precario estado de los inmuebles, son algunas de las
características de un mercado inmobiliario caracteriza por la especulación y la
permanente vulneración de los derechos de los inquilinos”.
El
segundo proyecto de ordenanza promueve la creación de una Tasa al Inmueble
Ocioso. A través de la creación de una tasa sobre los inmuebles que permanezcan
seis meses consecutivos deshabitados se
busca promover la
incorporación al mercado de los inmuebles ociosos, con el fin de equilibrar las relaciones entre oferta
y demanda.
“Según
el último CENSO, en Rosario hay 67.079
viviendas desocupadas y ociosas que están por fuera del mercado de compra o
alquiler, lo que representa el 19% del total de viviendas existentes en la
ciudad, mientras que
existen prácticamente la misma cantidad de familias de sectores medios y
sectores muy humildes tienen problemas habitacionales, haciendo de nuestra
ciudad una de las peores del país en materia de vivienda”, sostuvo Artola.
“Es imprescindible una presencia
activa del Estado municipal que permitan empezar a regular el mercado
inmobiliario y de políticas públicas que se orienten a garantizar a todos el
derecho a la vivienda”.
“En este sentido la Tasa sobre el Inmueble
Ocioso forma parte del desafío de crear herramientas, desde las atribuciones
propias del Estado local, que tiendan a equilibrar las relaciones entre oferta
y demanda en materia habitacional, como existen en muchas grandes ciudades del
mundo”.
Según el proyecto de ordenanza, el
monto de la Tasa sobre el Inmueble Ocioso surgirá de aplicar el 1 % durante los
primeros 6 meses sobre la valuación fiscal de la parte edificada del inmueble -
según el monto que fija la Tasa General de Inmuebles - y se aplicará en forma
mensual. Del mes 7 al 12 inclusive la alícuota será del 1,5%. Y a partir del
mes número 13 será del 2% mensual.
La
propuesta también prevé la creación del Fondo para
Políticas de Vivienda destinado a
garantizar soluciones habitacionales y una línea de de créditos del Banco Municipal para refacciones
a tasas preferenciales, con la finalidad de fomentar la rehabilitación de
inmuebles para su alquiler o venta.
“Con esta
presentación cumplimos con un doble compromiso. Por un lado, el ingreso al
Concejo bajo la forma de proyecto de ordenanza de lo
que fueron dos propuestas nuestras durante la campaña local de este año. Por el
otro, lo que siempre decimos, que nuestro compromiso y trabajo no termina en
una campaña. Pese a no haber llegado a ocupar una banca en el concejo seguimos
construyendo una alternativa política para la ciudad y una representación que
luche de manera irrenunciable por los derechos de las mayorías”.
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