Rosario es una ciudad de
contrastes. La paradoja en los últimos diez años ha sido el “boom de la
construcción” de la mano del aumento creciente del déficit habitacional.
Según datos del Censo 2010, en la
ciudad existen 80 mil viviendas deshabitadas, mientras más de 50 mil las familias
atraviesan necesidades relacionadas con la situación habitacional. A su vez,
hoy se registran aproximadamente 100 villas, más que en los años ’80 y ’90
cuando había 88 asentamientos.
Es decir, un tercio de la
población tiene negado el derecho a una vivienda digna. Lo que ubica a Rosario
entre las ciudades del país con mayor déficit habitacional.
Esta realidad es el resultado de
un Estado local sumiso ante poderosos inversores vinculados al mercado
inmobiliario y a los grandes emprendimientos comerciales, que lo fueron
convirtiendo en un “Estado inmobiliario”, capturado por la especulación
privada, en detrimento de su carácter transformador, la defensa del interés
colectivo y, sobre todo, de los más desprotegidos.
Una nueva relación entre Estado,
sociedad y territorio es el camino para dar respuesta a muchísimos rosarinos que carecen de
infraestructura social básica y servicios públicos dignos, y aún esperan
políticas públicas que les permitan dejar de ser meros habitantes para
constituirse en ciudadanos protagónicos de una Rosario con inclusión, justicia
social e igualdad de oportunidades.
